La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, encendió las alarmas al advertir que el memorando de entendimiento sobre minerales críticos firmado entre Colombia y Estados Unidos el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla sería inconstitucional por violar la soberanía nacional y subordinar la política mineroenergética del país al visto bueno de Washington. El acuerdo, suscrito por el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, con la presencia del canciller Omar Bula Escobar, establece mecanismos de cooperación para la extracción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, incluyendo cartografía geológica, simplificación de permisos y revisión de seguridad nacional en la venta de activos mineros.
Según la congresista, el documento, aunque señala que no crea obligaciones internacionales vinculantes, en la práctica exige que Colombia informe previamente a Estados Unidos para que dé su visto bueno antes de cualquier operación sobre minerales estratégicos. Pedraza anunció que ejercerá control político sobre el Ejecutivo para evitar que el memorando se implemente mediante decretos o resoluciones, lo que consideró una elusión de los procedimientos constitucionales. En su análisis, citó los artículos 9, 333, 334, 150.16, 189.2, 224 y 241.10 de la Constitución para sustentar que la regulación de la explotación de recursos del subsuelo es competencia exclusiva del Congreso y que cualquier acuerdo de esta naturaleza debería tramitarse como un tratado internacional, con aprobación legislativa y posterior control de la Corte Constitucional.
“Nos arrodillamos ante Trump”: la denuncia de Pedraza
La senadora fue enfática al señalar que el memorando subordina la política mineroenergética colombiana a los intereses de Estados Unidos, creando una relación asimétrica que calificó como “la ley del embudo”. En sus declaraciones, sostuvo que “el MOU señala que, en la práctica, ante cualquier operación sobre minerales estratégicos, Colombia debe informar previamente a EE.UU. para que esta tenga su visto bueno”, y agregó que “lo anterior sería inconstitucional porque viola el principio rector de la soberanía nacional (artículo 9°) al subordinar nuestra política mineroenergética al visto bueno de Trump. Lo más absurdo es la ley del embudo, pues ese compromiso es en una sola vía, nos arrodillamos”. Además, recordó que la regulación de la explotación de los recursos del subsuelo es competencia del Congreso según el artículo 334, y que cualquier medida que restrinja o imponga requisitos previos para el ejercicio de la actividad económica requiere aprobación legislativa.
«Para que eso ocurra, el Gobierno debería presentar un tratado al Congreso de la República (artículos 150.16, 189.2 y 224). Además, de ser aprobado por ambas cámaras, tendría que ser objeto de control por la Corte Constitucional, art. 241.10. Allí no superaría el análisis de constitucionalidad.»
Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso
Reacciones del Pacto Histórico y el mecanismo First Look
El Pacto Histórico también se sumó a las críticas. La senadora Aída Avella calificó el acuerdo como una entrega de la riqueza nacional a Estados Unidos y cuestionó directamente al presidente De la Espriella: “Don Abelardo, ciudadano estadounidense, cree que Colombia es su finca, y firmó con el Sr Rubio un acuerdo en el que entrega parte de la riqueza de este país a los EEUU. Ahora son ellos quienes deciden quién explota las tierras raras. Regale lo que es suyo. ¡Respete a los ciudadanos!”. Por su parte, el senador Cristian Kevin Gómez Paz advirtió que el memorando incluye un supuesto mecanismo “First Look” que obligaría a notificar a Estados Unidos antes de vender o licitar activos mineros, lo que en la práctica restringiría la comercialización con terceros países considerados amenaza por Washington, como China. El Departamento de Estado de EE.UU. ha mencionado herramientas de revisión por seguridad nacional para la venta de activos mineros, pero no detalla un derecho de veto sobre decisiones colombianas.
De aplicarse tal como está redactado, el memorando podría limitar la capacidad de Colombia para negociar con otros socios comerciales y condicionar la inversión extranjera en el sector minero. Sin embargo, el documento incluye aspectos de cooperación técnica como cartografía geológica y simplificación de procedimientos para permisos, sin mencionar transferencia de control del subsuelo ni fracturación hidráulica. La senadora Pedraza insistió en que, para ser vinculante, el acuerdo debería ser aprobado por el Congreso y pasar el filtro de la Corte Constitucional, un camino que, según ella, no superaría el análisis de constitucionalidad.
