La senadora Jennifer Pedraza radicó una proposición de debate de control político en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado dirigido al ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora López, y al director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo en el marco de la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto en el municipio de El Retorno, Guaviare. La congresista sostiene que el Estado tenía alertas vigentes sobre el reclutamiento forzado de niños en la región y falló en su protección, por lo que exige respuestas sobre la planeación y autorización de la operación militar.
En su proposición, Pedraza cuestiona que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch han emitido múltiples alertas sobre el alto riesgo de reclutamiento forzado en regiones como Guaviare y Norte de Santander, el Ministerio de Defensa optó por bombardear campamentos en lugar de acatar las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. «Tenemos el pico más alto en la historia en reclutamiento forzado de menores según Human Right Watch, la @defensoriacol ha emitido varias alertas sobre el riesgo que tienen los niños y niñas en regiones como el Guaviare y Norte de Santander, ¿y @mindefensa en lugar de acatar sus recomendaciones bombardea campamentos? ¿El resultado? Tres niños murieron en un bombardeo en Guaviare», afirmó la senadora a través de sus redes sociales.
Los cuestionamientos centrales del debate
El debate de control político busca establecer si el Ministerio de Defensa contaba con información de inteligencia sobre la posible presencia de menores en la zona atacada durante la Operación Amón y bajo qué criterios jurídicos y operacionales se autorizó el bombardeo en un sitio con riesgo de presencia de niños. La congresista también indagará sobre las actuaciones del Gobierno posteriormente a la operación, incluyendo la identificación de los menores fallecidos, el acompañamiento a las familias y las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos.
Pedraza fue enfática al señalar la responsabilidad del Estado frente al reclutamiento forzado: «Los grupos son responsables de reclutarlos, sí; pero el Estado les falló al no protegerlos. Por eso radiqué debate de control político: para exigir respuestas y una política que proteja a nuestros niños antes de que sea demasiado tarde», manifestó la senadora.
«La política de defensa y seguridad no puede reducirse a los bombardeos, tiene que estar atravesada por una estrategia contundente y clara frente al reclutamiento, con presupuesto y plan de acción. La lucha contra los grupos armados exige mayor rigor y un enfoque de derechos humanos, porque ninguna ventaja táctica justifica triturar la vida de la niñez»
Jennifer Pedraza, senadora
La proposición de la congresista busca que los funcionarios citados expliquen no solo las circunstancias de la Operación Amón, sino también las medidas adoptadas por el Estado para prevenir el reclutamiento forzado y proteger a la niñez en zonas de conflicto donde los grupos armados han intensificado sus acciones. El debate se perfila como un espacio clave para determinar si hubo fallas en la inteligencia previa a la operación y si el Gobierno debe ajustar su estrategia de seguridad para priorizar la protección de los menores en medio del conflicto armado.
