La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha calificado como genocidio político el exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP) y ha atribuido responsabilidad a cinco ex altos mandos del Ejército Nacional de Colombia, entre ellos el general en retiro Iván Ramírez Quintero, el brigadier general en retiro Rito Alejo del Río Rojas y los tenientes coroneles en retiro Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez. Esta decisión, adoptada recientemente por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, imputa a estos oficiales como presuntos coautores de delitos graves como homicidio calificado en calidad de crimen de guerra, exterminio, deportación forzada, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos, amparados en el artículo 101 del Código Penal colombiano.
El foco de esta resolución recae en la región de Urabá, con epicentro en Apartadó, donde se identificó un patrón macrocriminal sistemático que incluyó acciones y omisiones en colaboración con grupos paramilitares, con el objetivo de erradicar la UP y su influencia política mediante señalamientos ideológicos, omisión de protección pese a alertas recibidas y facilitación de operaciones paramilitares. La JEP basó su determinación en el análisis exhaustivo de 34 informes independientes, incluyendo cinco de entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica, además de 29 provenientes de organizaciones de víctimas.
Las cifras del horror en Urabá
En Urabá, la región registró un 265 por ciento más de víctimas fatales de la UP en comparación con el promedio nacional entre 1985 y 2016, alcanzando el 65,7 por ciento de estos casos entre 1995 y 1997, mientras que en Apartadó se concentró más de una cuarta parte de las muertes ocurridas en 1996. Este exterminio se desplegó en tres modalidades principales: ataques contra la base social de la UP, como campesinos, obreros y sindicalistas; contra sus representantes políticos; y masacres en zonas de influencia, todo ello impulsado por el estigma que tildaba a la UP como una amenaza comunista, conocida como la «esquina roja de Suramérica». Los aportes de los propios imputados revelaron señalamientos ideológicos desde la inteligencia militar y omisiones deliberadas en acciones contra los paramilitares, con la magistrada Catalina Díaz compilando datos clave sobre la situación en Urabá.
Los ex militares cuentan ahora con un plazo de 30 días para responder a las imputaciones, y de aceptar responsabilidad podrían enfrentar una audiencia pública. Esta decisión de la JEP representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia por el genocidio político contra la UP, basado en evidencias sólidas de informes independientes analizados por el sistema de justicia transicional, según fuentes como Colprensa, la JEP y la cuenta oficial @JEP_Colombia en X.
