La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un hito en la justicia transicional colombiana al definir las pruebas que serán practicadas en el primer juicio adversarial por el fenómeno de la ‘Farcpolítica’. Se trata del proceso contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, acusado de tejer alianzas político-militares con las extintas Farc en el departamento de Caquetá. La decisión, adoptada tras la culminación de la audiencia preparatoria que inició el 22 y 23 de julio y concluyó el jueves pasado, fue materializada en un auto fechado el 1 de octubre de 2023, en el que la Sección de la JEP decretó testimonios, documentos y peritajes solicitados por las distintas partes procesales.
El excongresista, quien ha negado su participación en los hechos y sostuvo su inocencia durante las versiones voluntarias rendidas en 2021, deberá enfrentar un debate probatorio que incluirá la comparecencia de figuras clave del antiguo secretariado de las Farc. Entre los testigos citados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) se encuentran Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’; Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera, todos ellos exintegrantes de la cúpula guerrillera. La UIA solicitó y la JEP decretó un total de 17 testimonios de cargo, entre los que también figuran Rubén Darío Montoya, José Ezequiel Huegia Cruz, Omar Olaya Estupiñán, Eduardo Ocasiones Llanos, William Wilches Sánchez, Alberto Luna Ocasiones y Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote.
La acusación y sus 30 hechos jurídicamente relevantes
La imputación contra Almario Rojas incluye 30 hechos jurídicamente relevantes que abarcan homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad ocurridos en Caquetá. Dos de los episodios más graves que se le atribuyen son el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, perpetrado el 20 de junio de 1996, y la masacre de la familia Tubay Cote, ocurrida en diciembre del año 2000. Para sustentar estas acusaciones, la JEP admitió como documentos de cargo protocolos de necropsia, actas de inspección y levantamiento de cadáveres, registros civiles de defunción, informes fotográficos y dactiloscópicos, declaraciones judiciales previas, así como expedientes penales y documentos sobre las estructuras de las Farc, incluyendo el Secretariado, el Bloque Sur, el Comando Conjunto ‘Camilo Torres’ y la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’.
Por su parte, la defensa del excongresista logró que se admitieran 44 documentos, entre los que se cuentan resultados electorales de Caquetá entre 1990 y 2007, intervenciones de Almario en el Senado y actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Además, se aceptaron 30 documentos de medios de comunicación que serán incorporados únicamente con fines de contextualización, sin valor de prueba plena. En cuanto a los testimonios, la defensa tendrá la posibilidad de presentar 21 declaraciones, que incluyen al propio Almario Rojas y a algunos de los testigos propuestos por la UIA. También se decretaron dos pruebas periciales solicitadas por la defensa: un análisis de los resultados electorales en Caquetá entre 1994 y 2007 y un estudio sobre el patrón de violencia contra líderes políticos en la misma región.
Este juicio adversarial, que avanza bajo las reglas del procedimiento adversarial de la JEP, representa un ejercicio inédito para esclarecer las relaciones políticas entre civiles y la guerrilla en el marco del conflicto armado. La JEP ha subrayado que en todo momento se garantizarán el debido proceso, la contradicción y la presunción de inocencia, dejando claro que la responsabilidad penal de Almario Rojas solo se determinará tras el debate completo de las pruebas en la etapa de juicio oral.
