La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a tres generales retirados y 22 militares más para que reconozcan su responsabilidad en el Subcaso Costa Caribe, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate. Se trata de los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, junto al brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez, además de coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública. En total, 25 comparecientes fueron llamados a reconocer responsabilidad, aunque el proceso incluye 28 imputados por 604 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en la región Caribe.
Las audiencias públicas se desarrollarán en dos jornadas: la primera en Barranquilla, los días 30 de junio y 1 de julio de 2026, con diez comparecientes, entre ellos dos generales. La segunda será en Valledupar, del 28 al 30 de julio del mismo año, con 25 comparecientes. En estas sesiones ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, los imputados deberán declarar sobre su participación en el patrón criminal que entre enero de 2002 y diciembre de 2008 utilizó a civiles como supuestas bajas en combate, bajo presión para justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.
604 crímenes imputados y 26 víctimas menores de edad
El Subcaso Costa Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. La JEP imputó 604 asesinatos y desapariciones forzadas a los 28 comparecientes, entre los que se cuentan 26 víctimas menores de edad, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres. En labores de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, la jurisdicción ha recuperado 93 cuerpos, de los cuales 20 han sido identificados; 18 de ellos corresponden a víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región.
La investigación se sustenta en cientos de versiones con comparecientes, así como en la revisión de documentos judiciales, informes estatales y reportes de organizaciones de víctimas, lo que permitió reconstruir el patrón criminal. El reconocimiento de responsabilidad es considerado por la JEP como un paso clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la construcción de verdad judicial y la asunción de compromisos restaurativos. Las audiencias públicas en Barranquilla y Valledupar serán el escenario donde los imputados deberán pronunciarse sobre los hechos que se les atribuyen.
