La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para realizar un contraste sin precedentes de más de 21.000 registros de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», ocurridas entre 1990 y 2016. Esta cifra, revelada por el medio Cambio, supera ampliamente los 7.837 casos ya confirmados por el tribunal y abre la posibilidad de que el número real de víctimas sea significativamente mayor al documentado hasta ahora. El anuncio fue realizado por Juan Felipe García, líder del grupo de Análisis de la Información de la JEP, y el magistrado Pedro Elías Díaz, quienes destacaron que el proceso de depuración de datos permitirá identificar un subregistro histórico de este delito atribuible a la fuerza pública.
El macrocaso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, inicialmente manejaba una cifra de 6.402 casos. Sin embargo, tras una revisión más exhaustiva, el tribunal comprobó 7.837 víctimas hasta el 28 de abril de 2026, lo que representa 1.435 nuevos casos confirmados. No obstante, la entidad advierte que los 21.000 registros que ahora se analizan no equivalen al mismo número de víctimas individuales, ya que pueden incluir duplicados o personas no identificadas con nombre propio pero registradas con otros elementos como víctimas de este delito.
La JEP amplía el periodo de investigación
Uno de los hallazgos más relevantes de esta fase de la investigación es que la práctica de los «falsos positivos» no se limitó al periodo que inicialmente se investigaba, a partir de 2002. La JEP confirmó que este método de eliminación de civiles para inflar cifras de bajas en combate se extendió desde 1990 hasta 2016, lo que obligó a ampliar el marco temporal del macrocaso 03. Este ajuste ha generado un debate en el país, pues algunas familias de víctimas han manifestado su preocupación porque en las audiencias se habría priorizado el testimonio de exmilitares sin contrastar suficientemente la información con las evidencias recogidas en el territorio.
El magistrado Pedro Elías Díaz explicó que las cifras son dinámicas y que «conforme avanzan los casos que se abordaron en el macrocaso 03», el número de víctimas confirmadas puede seguir aumentando. En este sentido, el tribunal avanza en audiencias donde exmilitares han reconocido su participación en ejecuciones extrajudiciales, un proceso que busca determinar la totalidad de casos para que el Estado colombiano, que ya ha pedido perdón por los casos registrados en Bogotá y Soacha, pueda avanzar en una reparación integral.
«Es muy importante para la ciudadanía que se haga explícito que en estas cifras que nosotros hemos determinado y que se han documentado, allí está excluido un universo que es muy relevante y es el de aquellas personas que no han sido identificadas, es decir, que no se puede identificar el nombre propio de esa víctima, pero aparece registrada con otros elementos como una víctima»
Juan Felipe García, líder del grupo de Análisis de la Información de la JEP
El líder del grupo de Análisis de la Información añadió que esos elementos de personas no identificadas ascienden a 21.000 registros, una cifra que calificó como «muy importante para el país» porque indica que se está haciendo «un trabajo de cálculo de un subregistro, porque no podemos saber cuál es, en total, de manera definitiva, las personas identificadas que fueron víctimas de este delito». Este contraste masivo de datos, que incluye cruces con registros de desapariciones forzadas y homicidios atribuibles a la fuerza pública a nivel nacional, busca dar claridad sobre una de las heridas más profundas del conflicto armado colombiano.
Mientras la JEP avanza en este proceso, el país observa con atención el desarrollo de estas investigaciones, que podrían redefinir la magnitud de lo que se conoce como «falsos positivos». El tribunal ha sido claro en que el universo de víctimas es aún incierto y que los 21.000 registros representan un punto de partida para un trabajo de depuración que permita, por primera vez, tener una cifra más cercana a la realidad de este crimen de lesa humanidad.
