La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) salió al paso de la polémica generada por la difusión de fragmentos de una audiencia reservada de 2019, en la que el excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, mencionó la existencia de directrices internas sobre el trato a los cautivos. En un comunicado oficial, el tribunal de paz aclaró que nunca avaló la tesis de que los secuestrados de la extinta guerrilla recibieron “buen trato” durante su cautiverio, y recordó que sus investigaciones documentaron graves violaciones de derechos humanos. La controversia surgió luego de que la senadora del Centro Democrático María Clara Posada revelara los apartes de la audiencia durante un debate en el Congreso sobre el presupuesto para justicia transicional, generando confusión sobre el alcance de las decisiones de la JEP.
La JEP insistió en que sus conclusiones no se basaron únicamente en las declaraciones de los excomandantes, sino que se apoyaron en pruebas documentales, testimonios de víctimas y otros elementos recogidos durante la investigación del Caso 01, que abarca la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc. Según el tribunal, si bien se encontró evidencia de una norma interna de la guerrilla que hacía referencia al “buen trato” de los cautivos, la investigación concluyó que dicha directriz no se aplicó en la práctica. Por el contrario, los secuestrados quedaron sometidos a la discrecionalidad de sus vigilantes, lo que derivó en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.
Imputaciones en el Caso 01
En el marco de este macrocaso, la JEP imputó a 63 exintegrantes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos a siete miembros del antiguo Secretariado de la organización, incluido el propio Rodrigo Londoño. La imputación incluye responsabilidades por tortura, homicidio, desaparición forzada y violencia sexual, entre otros delitos. El tribunal aclaró que la referencia a una norma interna de las Farc no equivale a un reconocimiento judicial de buenas condiciones de cautiverio ni contradice las responsabilidades establecidas.
«La JEP respondió que sus decisiones no respaldan esa versión como una descripción de lo que ocurrió efectivamente con las víctimas.»
Comunicado oficial de la JEP
Durante la audiencia de 2019, Rodrigo Londoño había manifestado que «dentro de las Farc existían instrucciones para garantizar alimentación y buen trato a los cautivos y que no se permitía torturarlos». Sin embargo, la JEP subrayó que esa declaración, tomada de manera aislada, no refleja la realidad del cautiverio, que estuvo marcado por sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El tribunal también recordó que la investigación del Caso 01 ha recopilado abundantes pruebas de las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los secuestrados, desvirtuando cualquier noción de trato digno.
La senadora María Clara Posada, quien reveló los fragmentos de la audiencia, ha sido una de las voces críticas más duras contra la JEP. En el debate en el Congreso, utilizó los apartes para cuestionar el presupuesto destinado a la justicia transicional, argumentando que el tribunal estaba blanqueando los crímenes de las Farc. La respuesta de la JEP busca despejar cualquier duda sobre su compromiso con la verdad y la justicia para las víctimas, reafirmando que las responsabilidades por los delitos cometidos durante el conflicto armado están plenamente documentadas y serán sancionadas conforme a la ley.
