La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó una medida cautelar restaurativa sobre el antiguo Batallón Charry Solano, hoy Escuela de Logística del Ejército en Bogotá, con el fin de preservar su memoria histórica ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas allí, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Esta decisión, adoptada tras solicitudes de familiares y organizaciones de víctimas, impone una preservación mínima de un año que incluye protección física del sitio, salvaguarda de documentos y colaboración estatal, en el marco de los macrocasos 06, relacionado con el genocidio de la Unión Patriótica, y 08, sobre la fuerza pública con paramilitares.
El sitio estuvo vinculado a eventos como la toma y retoma del Palacio de Justicia los 6 y 7 de noviembre de 1985, conocido como el Holocausto del Palacio de Justicia, y la desaparición de Pedro Movilla Galarcio el 13 de mayo de 1993. Testimonios de figuras como el exagente de inteligencia militar José Leonairo Dorado Gaviria, la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda, y estudiantes de la Universidad Externado como Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, junto con el caso de Movilla, evidencian un patrón sistemático de violencia que también abarcó atentados con explosivos contra la revista Alternativa y los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria, afectando a militantes de la Unión Patriótica, M-19, ELN, EPL y Farc.
Patrón sistemático de violaciones
La medida busca proteger la memoria histórica, evitar el negacionismo y la fragmentación de pruebas, requiriendo la colaboración de la Procuraduría, el Centro Nacional de Memoria Histórica, los ministerios de Defensa y Educación, así como colectivos de víctimas como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas del Estado, la Fundación Nydia Erika Bautista y la Fundación Carlos Horacio Urán. La JEP enfatizó que estas violaciones no se limitan al Palacio de Justicia, sino que indican un comportamiento sistemático a lo largo de diferentes periodos del batallón, que funcionó como centro de detención, tortura, ejecuciones e inhumaciones clandestinas.
“La SAR advierte que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la precitada unidad militar no se agotan en los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que parecen indicar la existencia de un patrón sistemático de comportamiento que involucra diferentes periodos de la existencia de la mencionada institución”
Documento definitivo de la JEP
“Además de los hechos de violencia política ya relacionados en la presente decisión y en los que, presuntamente, intervino el personal de inteligencia adscrito al Batallón Charry Solano, en el informe presentado a la JEP se indica que se encontrarían también los atentados con artefactos explosivos a la revista Alternativa y a los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria”
Decisión judicial de la JEP
Helena Urán Bidegain, hija de un sobreviviente del Palacio de Justicia, resaltó la importancia de la medida para “establecer patrones de violencia, esclarecer el destino de las víctimas y asegurar la correcta preservación y análisis de la documentación”. Esta acción de la JEP representa un paso clave en la lucha contra el olvido y la reparación integral, garantizando que los sitios de memoria no sean destruidos ni sus pruebas diluidas, en un esfuerzo colectivo por la verdad y la justicia en Colombia.
