La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definirá el próximo 20 de octubre a su nuevo presidente en una votación de la Sala Plena que se realizará en medio de un clima de alta tensión política, marcado por recortes presupuestarios, reformas legislativas en el Congreso y el reclamo de 50 organizaciones sociales que piden garantizar la independencia del tribunal. El elegido reemplazará al magistrado Alejandro Ramelli, quien ha denunciado el que considera el ataque más grave que ha sufrido la jurisdicción desde su creación.
La terna de candidatos está integrada por los magistrados Camilo Suárez Aldana, Reinere Jaramillo y Danilo Rojas Betancourth. Cualquiera que resulte ganador asumirá la presidencia de una institución que, según el presupuesto solicitado por la propia JEP para 2027, requiere 947.642 millones de pesos, mientras que el Gobierno nacional calculó apenas 721.803 millones de pesos, una diferencia que Ramelli calificó como un ataque directo a la existencia del tribunal creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano.
Tres perfiles para un momento decisivo
La magistrada Reinere Jaramillo, quien se desempeña como vicepresidenta de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, lideró el primer juicio transicional de la JEP y el fallo condenatorio contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2002. Su candidatura llega respaldada por una trayectoria que ella misma resume al recordar el impacto que le causó el reencuentro entre víctimas y victimarios: «Me impresionó la capacidad de las víctimas de recomponerse, para perdonar, para mirar a los ojos al victimario y perdonar. Eso es tan potente que no queda reflejado en ninguna decisión judicial».
Por su parte, Camilo Suárez Aldana, vicepresidente de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad, presenta una hoja de vida marcada por 24 años como funcionario de la Jurisdicción Penal Militar y por su paso como magistrado del Tribunal Superior Militar. Su nombre ha generado especial atención por su postura ante el Congreso, donde se opuso abiertamente a la reforma que pretendía entregar a la justicia castrense la revisión de las sentencias de la JEP contra integrantes de la fuerza pública. En esa audiencia ante el Senado, Suárez fue contundente al afirmar que «no podría un tribunal de esta entidad desconocer inclusive la propia Corte Suprema de Justicia».
El tercero en disputa es Danilo Rojas Betancourth, magistrado de la Sección de Apelación y expresidente del Consejo de Estado. Su candidatura es leída por algunos sectores como un intento de construir puentes institucionales con el Gobierno nacional, en un momento en que las relaciones entre el Ejecutivo y el tribunal atraviesan su peor momento.
«Sin ambigüedades»
Organizaciones sociales, en carta a la Sala Plena de la JEP
Presiones, reformas y defensa de la independencia
La elección ocurre en un escenario de fuertes presiones. El Centro Democrático radicó una reforma constitucional para que cada sentencia de la JEP contra un integrante de la fuerza pública pase automáticamente al Tribunal Superior Militar y Policial, órgano que podría confirmar, modificar o revocar las decisiones de la jurisdicción. Simultáneamente, el senador Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, presentó otra iniciativa que busca ponerle fin a la JEP en marzo de 2028. Ante este panorama, las organizaciones sociales advirtieron en una carta revelada por la revista Cambio que el Gobierno buscaría debilitar a la jurisdicción mediante la reducción de recursos y condicionar desde adentro a su próxima presidencia.
La misiva fue firmada por la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Jurídica Libertad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otras entidades. Con el respaldo de esas organizaciones y la presión del Ejecutivo como telón de fondo, los magistrados de la Sala Plena deberán definir quién conducirá los destinos de la JEP en uno de los momentos más críticos de su existencia, con la mira puesta en la necesidad de preservar la independencia judicial y la confianza de las víctimas en un tribunal que sigue siendo pieza central del sistema de justicia transicional colombiano.
