La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó este lunes 27 de abril de 2026 la cifra de víctimas de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por la Fuerza Pública, elevándola de 6.402 a 7.837 personas, durante una audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad en el macrocaso tres sobre homicidios y desapariciones forzadas. El magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Pedro Elías Díaz Romero, reveló esta estadística nacional correspondiente al período entre 1990 y 2016 en el marco de la audiencia dedicada a la Masacre de La Resbalosa, ocurrida el 21 de febrero de 2005 en Apartadó, Antioquia, donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos. El presidente Gustavo Petro reaccionó al día siguiente, el martes 28 de abril, calificando el hecho como “el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”.
La nueva cifra, dinámica y sujeta a incrementos conforme avanzan las investigaciones de casos atribuidos a la Fuerza Pública, incluye 1.932 víctimas solo en Antioquia. El informe de la JEP destacó homicidios y desapariciones forzadas presuntamente cometidos por agentes del Estado entre 1990 y 2016, clasificados como muertes ilegítimas disfrazadas de bajas en combate. Esta revelación se enmarcó en el análisis de la coordinación entre grupos paramilitares, la Decimoséptima Brigada y el Batallón Vélez en la región de Urabá durante 2004 y 2005, respaldado por georreferenciación de unidades militares y bases operativas.
Reacción presidencial y llamado a la memoria histórica
Desde su cuenta en la red social X (@petrogustavo), el mandatario colombiano expresó su indignación al señalar directamente la responsabilidad de altos mandos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El informe también subrayó las estadísticas de estos crímenes sistemáticos, que han sido un escándalo nacional e internacional por involucrar a jóvenes civiles asesinados y presentados falsamente como guerrilleros abatidos.
“Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“el informe también destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública entre los años 1990 a 2016 a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas”
Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la JEP
Este macrocaso tres de la JEP representa un avance crucial en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de los falsos positivos, un capítulo oscuro de la historia reciente de Colombia que sigue generando debates sobre la responsabilidad estatal y el impacto en la región de Urabá, donde la Masacre de La Resbalosa simboliza las alianzas ilícitas entre paramilitares y militares que marcaron la violencia de aquellos años.
