La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 exmiembros del Ejército Nacional, entre ellos tres brigadieres generales en retiro, por montar falsos positivos en Meta entre 2002 y 2007. La decisión se acompaña de evidencia que señala que oficiales manipularon la participación de la Fuerza Aérea Colombiana para obtener apoyo aéreo y presentar bajas que nunca existieron, una práctica que expone fallas institucionales de larga data en el marco de las operaciones en esa región.
Entre los imputados figuran los Brigadieres Generales en retiro Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el Mayor General retirado Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Completa la lista 20 exmiembros del Batallón de Infantería No. 21 y 7 ex integrantes del Gaula Rural Meta. Los cargos abarcan crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y otras conductas tipificadas en el Código Penal colombiano; se sustenta la imputación en el uso de la FAC para montar escenas de bajas simuladas durante operaciones en Meta, con un periodo que abarca de 2002 a 2007 y cuyo cierre investigativo fue anunciado por la JEP tras la revisión de expedientes y testimonios.
Imputaciones y alcance de las revelaciones de la JEP
Los hechos descritos por la JEP se asientan en operaciones en Meta y quedan documentados, entre otros, en San Juan de Arama y en Pantano de Vargas, conocido como Bivar. Según la resolución, los oficiales solicitaban apoyo aéreo cercano y luego registraban como bajas lo que no correspondía a combates reales; los sobrevuelos incluyeron Tucanos y helicópteros que realizaron disparos, y, en un caso, una volqueta empleada por el batallón fue destruida por error durante la operación. En total, la JEP señala 209 homicidios atribuidos a los militares imputados, 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio, cifras que contextualizan la magnitud de las imputaciones, las cuales incluyen 42 homicidios agravados que, por su naturaleza, son imprescriptibles.
«Lizarazo pidió apoyo aéreo cercano, decía que lo estaban bombardeando, que necesitaban apoyo. Desde el batallón enviaron la solicitud a la brigada y luego a la división. Durante ese día hubo varios sobrevuelos: primero los Tucano dispararon y se fueron; después, helicópteros abrieron fuego. Incluso una volqueta usada por el batallón fue destruida por error. Al otro día, el Ejército reportó muertos en combate y el vehículo destruido como resultado de una operación militar» – [testigo], Coronel Capulla, comandante del Batallón de Infantería No. 21 Patrano de Vargas (Bivar)
En el contexto de la decisión, la JEP destaca antecedentes de vínculos entre el Ejército y el Bloque Centauros durante el fortalecimiento del paramilitarismo en Meta, así como la ejecución de operaciones conjuntas y la presentación de bajas falsas. La nota de prensa oficial subraya que es noticia ahora porque la JEP formalizó las imputaciones y describió un método para manipular el apoyo aéreo y la legitimidad de crímenes ocurridos en esa frontera territorial, manteniéndose la posibilidad de investigar si existió conocimiento o colaboración consciente por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. El caso revela prácticas de impunidad institucional y señala fallas en instituciones como la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y la Procuraduría para proteger a poblaciones vulnerables; abre un debate sobre la responsabilidad y las posibles sanciones a aplicar.
Como datos secundarios, la JEP señaló que no formuló cargos contra pilotos ni mandos de la FAC, dejando abierta la posibilidad de futuras investigaciones si surgen pruebas de conocimiento o colaboración consciente. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, indicó que entre las conductas imputadas figuran 209 homicidios, 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio. La resolución enfatizó que los generales no ejercían control ni protección constitucional sobre las fuerzas a su cargo, denunciando una cultura de negligencia centrada solo en los resultados operacionales. Documentos del proceso de Justicia y Paz y testimonios de excomandantes paramilitares fueron incorporados al expediente. A los militares imputados se les ofrece la opción de aceptar cargos, bajo jurisdicción de la JEP, con sanciones de hasta ocho años, o de rechazar las imputaciones y enfrentar un proceso ordinario con penas de hasta 20 años. Son decisiones que marcarán el rumbo de la responsabilidad por las acciones ocurridas y su impacto en la confianza de las comunidades afectadas. En última instancia, el caso plantea preguntas sobre la responsabilidad institucional y el deber de rendición de cuentas frente a las víctimas de Meta y a la sociedad colombiana en su conjunto.
