En una decisión histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a once excomandantes de las extintas Farc-EP por violencia sexual, esclavitud, persecución y otras agresiones basadas en género contra civiles durante el conflicto armado colombiano. La imputación, anunciada en el marco del Subcaso 01 del Caso 11, señala a altos mandos de los bloques Sur, Oriental, Noroccidental, Occidental y del Comando Conjunto Central de la antigua guerrilla, entre ellos Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano, Élmer Caviedes, Bertulfo Caicedo Garzón, Jaime Vásquez Calderón, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Ovidio Antonio Mesa Ospina, Luis Eduardo Rayo, Gustavo Bocanegra Ortegón, Jair Enrique Acosta Cuantindioy y Reinel Natalio García Mojica. Ninguno de ellos había sido encarcelado previamente por estos delitos, que por su gravedad no pueden recibir perdón judicial.
La investigación, dirigida por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll dentro de la Sala de Reconocimiento de Verdad, se basó en los relatos de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones sociales y las versiones de 54 comparecientes. De las víctimas, 573 son mujeres —incluidas 18 mujeres trans— y 81 son hombres —incluidos 6 hombres trans—; al menos 272 eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Los patrones criminales identificados incluyen violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres civiles, así como violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La JEP concluyó que estas agresiones no fueron actos aislados, sino prácticas sistemáticas que los mandos no previnieron, investigaron ni castigaron, o que ellos mismos ejecutaron directamente.
Dos patrones de violencia sistemática
La imputación establece dos patrones criminales claramente diferenciados. El primero se refiere a la violencia sexual ejercida contra mujeres y menores de edad como castigo por presunta colaboración con el enemigo, por desobediencia, por rechazo al reclutamiento o por negarse a pagar extorsiones. El segundo patrón corresponde a la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, quienes fueron perseguidas, amenazadas y expulsadas forzosamente de sus territorios. Aunque las Farc-EP tenían disposiciones internas que prohibían estas agresiones, la JEP evidenció que no se cumplían y que no existía ningún mecanismo real de prevención o sanción dentro de la organización.
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Los hechos ocurrieron en regiones como Meta, Cauca, Putumayo, Tolima y Arauca, entre otras. Durante la investigación se documentaron casos de violencia sexual contra menores de edad, esclavitud doméstica y asesinatos de familiares que intentaron denunciar o rescatar a las víctimas. La JEP advierte que los casos documentados son representativos, pero no miden la magnitud total de las violencias, debido al subregistro causado por el miedo, la discriminación y los prejuicios que aún persisten en las comunidades. De hecho, en la justicia ordinaria, de los 2.222 procesos por violencia sexual y de género atribuidos a las Farc-EP, el 91% nunca llegó a juicio y el 78% ni siquiera superó las etapas iniciales de investigación.
Los once excomandantes tienen ahora 20 días hábiles para responder a la imputación, mientras que las víctimas disponen de 85 días hábiles para presentar observaciones ante la JEP. Si los imputados reconocen su responsabilidad, la Jurisdicción convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad y podría aplicar sanciones restaurativas que no implican prisión. Si, por el contrario, niegan los cargos, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para un posible juicio. Esta determinación marca un hito en la justicia transicional colombiana, al visibilizar violencias que históricamente fueron silenciadas y al abrir un camino de reparación para cientos de víctimas que durante décadas esperaron que sus agresores respondieran ante la ley.
