La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a once exintegrantes de la Fuerza Pública, entre ellos nueve miembros de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, como máximos responsables de 32 masacres cometidas en la región de los Montes de María. La decisión fue anunciada el 10 de noviembre de 2026 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, y abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2001, uno de los periodos más violentos que haya atravesado ese territorio del Caribe colombiano. La imputación se enmarca en el subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y agentes del Estado en el marco del conflicto armado.
El tribunal de justicia transicional documentó que estas 32 masacres dejaron un saldo de 284 asesinatos, a los que se suman 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas. En total, la JEP acreditó a 1.219 víctimas dentro de este subcaso, lo que evidencia la magnitud de la tragedia humanitaria vivida en los Montes de María y el Canal del Dique. La investigación estableció que la violencia contra las comunidades campesinas no fue un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática que respondió a un patrón de estigmatización: la población era señalada como presunta colaboradora de las extintas Farc-EP, y esa acusación servía de justificación para las acciones criminales.
Un patrón de violencia articulado con el paramilitarismo
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, estas masacres y otras conductas criminales no pueden entenderse como hechos aislados ni como excesos individuales de algunos uniformados. La investigación permitió concluir que existió un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales, lo que facilitó la ejecución de un plan sistemático de violencia contra la población civil. La estigmatización de los campesinos como supuestos auxiliadores de la guerrilla fue el eje central de una dinámica que incluyó asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y violencias sexuales, estas últimas reconocidas además como una forma de persecución por razón de género. La imputación en calidad de máximos responsables implica que los once exintegrantes de la fuerza pública son señalados por su papel determinante en la planeación, ejecución o encubrimiento de estos crímenes.
La decisión de la JEP incorpora una lectura conjunta de los asesinatos, las masacres, las violencias sexuales y basadas en género, entendiéndolas como parte de un mismo patrón de victimización contra las comunidades de los Montes de María y el Canal del Dique. En el marco de esta investigación, la Jurisdicción estableció una Mesa de Participación de Víctimas que representa a las víctimas indeterminadas, y delimitó dos territorios específicos para el análisis de los hechos: la región de los Montes de María propiamente dicha y la zona del Canal del Dique.
Con esta imputación, la JEP da un paso crucial en el esclarecimiento de uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano, en el que la población campesina y las mujeres fueron blanco de una violencia desproporcionada. El caso continuará su curso en la jurisdicción especial, mientras las víctimas, que durante décadas han reclamado verdad, justicia y reparación, esperan que esta decisión abra el camino hacia la rendición de cuentas de quienes, desde el Estado, participaron en estas graves violaciones de derechos humanos.
