JEP imputa a 18 militares y policías por crímenes de género en Colombia

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En una decisión histórica que marca un antes y después en la lucha contra la impunidad en el conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 exintegrantes de la fuerza pública. La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que estos miembros del Ejército Nacional, 16 en total, y dos de la Policía Nacional, cometieron, facilitaron o toleraron violencias basadas en género contra la población civil. Los hechos, que abarcan un período comprendido entre 1978 y 2016, fueron perpetrados tanto de manera directa como en coordinación o con el encubrimiento de grupos paramilitares en diversas regiones del país.

La imputación se enmarca en dos investigaciones de la JEP: el Subcaso 2 del Macrocaso 11 y el Caso 08. Tras un exhaustivo análisis, la Sala, bajo la ponencia de los magistrados Óscar Parra Vera y Diana María Vega Laguna, identificó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian cómo la violencia de género fue utilizada como un mecanismo de apropiación, castigo, disciplinamiento y control territorial. En la actualidad, el universo provisional de casos asciende a 565, con 755 víctimas directas acreditadas, de las cuales 650 son mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones e identidades de género diversas. En el Subcaso 2 del Macrocaso 11, se han acreditado 738 víctimas.

Fallas institucionales y un «modelo de masculinidad militar»

Uno de los hallazgos más contundentes de la JEP es la existencia de fallas estructurales e institucionales dentro de la fuerza pública. El magistrado Óscar Parra Vera señaló que “la Jurisdicción encontró la ausencia, insuficiencia o aplicación ineficaz de políticas, protocolos y mecanismos institucionales de la fuerza pública para prevenir, detectar y responder a estas violencias”. A esto se suma la omisión de los mandos ante las denuncias y un abuso de autoridad generalizado, todo ello vinculado a un modelo de masculinidad militar que fomentó la discriminación y la dominación.

Asimismo, el tribunal determinó responsabilidades tanto por acción como por omisión. Se identificó que entre los imputados hay oficiales y suboficiales que incumplieron sus deberes de supervisión y disciplina, no respondieron a las denuncias de las víctimas y llevaron a cabo operaciones sin mecanismos de prevención. La vicepresidenta de la JEP, Diana María Vega Laguna, explicó en su intervención que “la sala determinó dos patrones de macrocriminalidad que evidencian cómo integrantes de la fuerza pública cometieron, facilitaron o permitieron violencias basadas en género contra la población civil en distintas regiones del país, tanto de manera directa como en acciones conjuntas con grupos paramilitares”.

Los 18 imputados fueron llamados a comparecer ante la JEP para reconocer su responsabilidad en estos hechos, en un proceso que busca no solo la verdad y la justicia, sino también sentar las bases para la no repetición de estas violencias. Este paso se da después de que el Subcaso 1 del mismo Macrocaso 11 ya hubiera imputado a integrantes de las extintas FARC-EP por delitos similares, confirmando que la violencia basada en género fue una práctica sistemática y generalizada en el conflicto armado colombiano.

«La Jurisdicción encontró la ausencia, insuficiencia o aplicación ineficaz de políticas, protocolos y mecanismos institucionales de la fuerza pública para prevenir, detectar y responder a estas violencias»

Óscar Parra Vera, Magistrado de la Sala de Reconocimiento de la JEP

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