La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 excomandantes de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP, entre ellos cuatro exintegrantes del último Secretariado: Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Pastor Alape; Julián Gallo y Pablo Catatumbo. La imputación abarca desapariciones forzadas, masacres, homicidios, tortura y violencia sexual, entre otros delitos. Tras la notificación, los comparecientes tienen un plazo de 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlos, según informó la JEP en un comunicado oficial.
La JEP, tribunal de paz creado en el marco del Acuerdo Final con las Farc-EP, identificó tres patrones criminales en los que se enmarcan los hechos imputados. El primero corresponde a hostilidades con la fuerza pública que afectaron a personas protegidas; el segundo, a control territorial mediante castigos, extorsiones y homicidios selectivos para crear un vacío de poder; y el tercero, a operaciones urbanas con atentados y homicidios contra civiles declarados objetivo militar. En este último patrón se incluyen casos como el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el atentado al club El Nogal y otros crímenes que la JEP contrastó con expedientes de la Fiscalía y hallazgos de otros casos propios.
Un proceso basado en el testimonio de las víctimas
La imputación se sustentó en los relatos de 2.436 víctimas acreditadas, 76 informes de los cuales 37 provinieron de mesas de víctimas y asociaciones, expedientes de la Fiscalía, hallazgos de otros casos y testimonios de 82 comparecientes de las Farc-EP. De los 27 imputados, cinco que no son máximos comandantes habían estado en prisión por estos crímenes. La jurisdicción también ordenó a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques.
«Tras la notificación, los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas».
JEP, comunicado oficial
La región donde ocurrieron los hechos abarca la Cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía, e incluye los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, además de partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas. Los bloques Sur y Oriental fueron dos de las estructuras más grandes de la guerrilla, y ejercieron control territorial donde cometieron ataques sistemáticos contra civiles, bienes protegidos y miembros de la fuerza pública.
Entre los crímenes documentados se cuentan tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas y sabotajes. En zonas rurales de retaguardia se cometieron castigos, reclutamiento forzado y asesinatos por sospecha de colaboración, mientras que en áreas urbanas células de las Farc ordenaron homicidios de civiles y atentados con bombas. La JEP mencionó ejemplos de masacres en Rivera (Huila) y Puerto Rico (Caquetá), entre otros lugares. La imputación marca un paso clave en el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia para miles de víctimas del conflicto armado colombiano.
