La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz notificó a comunidades indígenas y afrocolombianas de la región de Urabá la imputación de responsabilidad a 34 comparecientes por graves crímenes cometidos entre 1986 y 2002 en el marco del Caso 04. Entre estos comparecientes se encuentran 21 miembros de la fuerza pública, ocho exintegrantes de las Farc-EP y cinco terceros civiles, a quienes se les atribuyen delitos como asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, violencia reproductiva intrafamiliar y ataques a bienes civiles. La notificación se realizó mediante el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, en diligencias desarrolladas entre el 9 de febrero y el 2 de marzo de 2026, con fecha clave el 13 de marzo.
Estas acciones se llevaron a cabo en las regiones de Urabá, Bajo Atrato y Darién chocoano, abarcando municipios como Apartadó en Antioquia, El Carmen del Darién y Acandí en Chocó, y Tierralta en Córdoba, priorizando 14 municipios: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, San Pedro de Urabá, Turbo, Acandí, Unguía, Riosucio, El Carmen del Darién, Nuevo Belén de Bajirá, Tierralta y Valencia. Las diligencias se realizaron con un enfoque intercultural e interjurisdiccional, privilegiando el diálogo horizontal y la participación de autoridades negras e indígenas, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ. Este proceso forma parte de la investigación del Caso 04, que examina conductas ocurridas entre 1986 y 2016 involucrando a las Farc-EP, la fuerza pública y terceros civiles, e impacta a más de 54.163 víctimas con interés directo, así como a 31 consejos comunitarios y 76 comunidades indígenas de 56 territorios ancestrales.
Patrones criminales y enfoque étnico diferencial
El Caso 04 indaga sobre desplazamiento forzado, homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual y despojo de tierras en estas zonas, identificando tres patrones criminales principales: la eliminación por prejuicio enemigo perpetrada por agentes estatales y guerrilleros; el vaciamiento territorial para facilitar el despojo y repoblamiento, impulsado por la fuerza pública, paramilitares, agentes estatales y terceros civiles; y el control sociocultural y territorial ejercido por las Farc. Incorpora un enfoque étnico-racial y diferencial alineado con la normatividad nacional e internacional, involucrando a pueblos como los Emberá de Dobidá, Eyábida y Katío, Wounaan, Zenú y Guna Dule. Ahora se inicia una nueva etapa procesal donde las víctimas acreditadas podrán formular observaciones y los responsables tendrán plazo para hacer reconocimientos, en lo que se considera la macrocausa de mayor complejidad por su magnitud territorial y diversidad de actores.
Este avance representa un paso significativo hacia la verdad, la reparación y la no repetición en regiones históricamente azotadas por el conflicto armado, donde las comunidades étnicas han sido las más afectadas por estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
