En un fallo sin precedentes en la justicia transicional colombiana, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez excomandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, al tiempo que reconoció al territorio ancestral de la Amazonía y Orinoquía como víctima directa del conflicto armado. La decisión, enmarcada en el subcaso Amazonía y Orinoquía del Caso 09, señala a integrantes del antiguo secretariado, mandos intermedios del Bloque Oriental –entre ellos Elmer Caviedes, alias «Albeiro Córdoba»– y mandos operativos del Frente 48 del Bloque Sur, como Gustavo Cuéllar Pajoy, alias «Manuel Político», y Liberman Imbachi Chilito, alias «Norbey Ramírez». La imputación abarca victimizaciones documentadas entre 1996 y 2016, un periodo de dos décadas de violaciones sistemáticas contra comunidades indígenas y contra los ecosistemas que constituyen su sustento material y espiritual.
La JEP documentó 1.134 victimizaciones que incluyen asesinatos de líderes, contaminación de ríos, restricciones a prácticas espirituales y daños por minas antipersona. Entre los casos emblemáticos, la resolución judicial estableció que ninguno de los imputados registraba investigaciones penales previas en la justicia ordinaria, lo que evidenció un vacío de juzgamiento que la Jurisdicción busca subsanar con un enfoque étnico y cultural. La Sala incorporó la Ley de Origen, el Derecho Propio y los sistemas de conocimiento ancestrales, reconociendo que el territorio no es solo un escenario geográfico sino un ser vivo con derechos. «No es solo tierra; es cuerpo, es espíritu y es memoria viva», afirmó un vocero de los pueblos amazónicos ante la JEP, quien añadió: «Cuando se atenta contra un abuelo sabedor, contra un cantor o contra una maloca, no solamente se mata a una persona, sino que se intenta matar el conocimiento, la lengua y el territorio».
Crímenes contra los pueblos Jiw, Hitnü y Siona
La imputación detalla afectaciones específicas a tres pueblos originarios. En el pueblo Jiw, el Frente 44 del Bloque Oriental asesinó entre 2000 y 2003 al docente bilingüe Saúl Enrique Niño, al promotor de salud Luis Carlos González y al etnoeducador Jorge Santos Aguilar. En Arauca, contra el pueblo Hitnü, el cacique y médico ancestral Rafael Pérez Pérez murió por la explosión de una mina antipersona en enero de 2011, mientras que una menor resultó herida en julio de 2007 en la zona de Caño Güiriche. En el pueblo Siona, las voladuras del oleoducto San Miguel-Orito contaminaron el río Luzón, impidiendo ceremonias sagradas de yagé y ritos de medicina tradicional. La JEP identificó espacios sagrados con sus nombres ancestrales y documentó derrames de petróleo masivos: el 8 de junio de 2015, 3.210 barriles fueron vertidos en Puerto Vega-Teteyé, y tres días después, 722 barriles adicionales en La Alea, utilizando 23 carrotanques para el vertimiento en el Putumayo.
Persecución sistemática a sabedores y autoridades tradicionales
La investigación de la JEP reveló una persecución sistemática contra autoridades médicas y sabedores tradicionales. «Con respeto nuestro sistema de conocimiento propio, nuestra palabra dulce de vida, nuestro yagé, nuestro mambe y nuestro ambil», expresó el vocero de los pueblos amazónicos, destacando que los atentados contra estos líderes buscaban desarticular el tejido cultural y espiritual de las comunidades. La decisión judicial reconoce que la contaminación de fuentes hídricas, las restricciones a la movilidad por minas antipersona y los asesinatos selectivos configuran una afectación directa al territorio como víctima, una figura pionera en la justicia colombiana. Los hechos fueron cometidos por los Bloques Oriental y Sur de las extintas Farc-EP, en zonas como Putumayo (oleoducto San Miguel-Orito, Puerto Vega-Teteyé, La Alea) y Arauca (Caño Güiriche).
«No queremos venganza, queremos verdad para equilibrarnos (…) para que haya paz verdadera en Colombia, debe haber paz con la selva y con los pueblos que cuidamos»
Vocero de los pueblos amazónicos, líder indígena ante la JEP
Los diez imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar su responsabilidad. Si aceptan, se realizará una audiencia pública de reconocimiento de verdad y se aplicarán sanciones propias restaurativas, que podrían incluir trabajos de restauración ecológica y reparación cultural. En caso de negativa, el caso pasará a un juicio contradictorio ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). La decisión de la JEP no solo busca castigar a los responsables, sino también iniciar un proceso de equilibrio entre las comunidades afectadas y el territorio que consideran su fuente de vida. Como concluyó el vocero indígena: «No queremos venganza, queremos verdad para equilibrarnos (…) para que haya paz verdadera en Colombia, debe haber paz con la selva y con los pueblos que cuidamos». La sentencia marca un hito al reconocer que la guerra no solo dejó víctimas humanas, sino un daño profundo y duradero a la Amazonía y Orinoquía, territorios que ahora son sujetos de derechos en la justicia transicional.
