La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos simultáneamente a siete exintegrantes de las Farc, 21 militares en retiro y cinco empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba, entre ellos Benito Molina Valverde, presidente de su junta directiva, y Rodolfo Restrepo Ruiz, alias Víctor Tirado, como máximos responsables de graves crímenes cometidos en la región de Urabá entre 1986 y 2003, en el marco del macrocaso 04. Estos hechos abarcan tres patrones principales: la eliminación por prejuicio enemigo mediante masacres y asesinatos selectivos, el vaciamiento territorial y despojo de tierras, así como el control sociocultural y territorial a través de ataques a líderes sociales, ocurridos en municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba como Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, Tierralta y Valencia, además de regiones como Tulapas, San Pedro de Urabá y Necoclí.
El auto de imputación, que consta de 1.557 páginas, involucra a 34 comparecientes acogidos a la justicia transicional, quienes tienen un plazo de 60 días hábiles para reconocer su responsabilidad por escrito y, de aceptar los cargos, deberán comparecer ante las víctimas. Esta acción destaca la responsabilidad conjunta de actores armados y civiles en la disputa por el control político, económico y territorial de la zona, con casos emblemáticos como la masacre de Pueblo Bello en Turbo, el asesinato de Liliana Londoño Díaz en 1997 por el quinto frente de las Farc, la masacre de Bojayá el 2 de mayo de 2002, el homicidio de María Ricardina Perea Mosquera en Riosucio (Chocó) y la destrucción de la bonga tutelar del Consejo Comunitario de La Grande por el frente 75 de las Farc en Carmen del Darién. La llegada de paramilitares en 1994 coincidió con intensos controles armados y un drástico aumento de homicidios en Tulapas.
Cifras que evidencian la magnitud del horror
En Urabá se reconocen 504.853 víctimas, mientras que en el macrocaso 04 se han acreditado 54.672 por desapariciones forzadas, desplazamientos, homicidios, torturas, violencia sexual, daños ambientales y despojo de tierras. Solo en Turbo en 1995 se registraron 1.484 asesinatos y 395 desapariciones, en la masacre de Pueblo Bello murieron 43 campesinos con 37 cuerpos desaparecidos, y en Bojayá perdieron la vida 98 personas, reflejando la brutalidad de estos patrones criminales perpetrados con apoyo paramilitar y del Ejército en algunos casos.
«la guerra fue la “antesala” para vaciar el territorio y abrir paso a intereses económicos»
Benito Molina Valverde, presidente de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba
El macrocaso 04 forma parte de los tres procesos territoriales priorizados por la JEP y establece un precedente histórico en la justicia transicional colombiana al imputar de manera simultánea a excombatientes de las Farc, militares y civiles, subrayando la necesidad de verdad y reparación para las víctimas en un conflicto que dejó huellas imborrables en la región.
