La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó por primera vez una imputación conjunta a 34 personas, entre militares, exguerrilleros y civiles, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante las operaciones Génesis y Cacarica en las regiones de Urabá, Bajo Atrato y Darién entre 1986 y 2002. Entre los imputados destaca el general en retiro Alejandro Navas Ramos, oriundo de Montería, quien comandó el Batallón de Infantería No. 31 Voltígeros entre 1996 y 1997, así como excomandante de las Fuerzas Militares. La decisión se basa en un informe de más de 1.500 páginas elaborado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que revela una colaboración sistemática entre el Ejército, paramilitares y empresarios ganaderos en la Brigada 17 para un proyecto de «pacificación violenta».
Las imputaciones se centran en la planeación y ejecución de operaciones coordinadas que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia de género y despojo de tierras, afectando a 54.672 víctimas y 132 sujetos colectivos, como comunidades indígenas embera, guna dule, wounaan, zenú y afrocolombianas. Entre los hechos más graves figuran las masacres de Honduras y La Negra, con 17 víctimas en 1988, y de Punta Coquitos, con 27 víctimas ese mismo año. Testimonios clave de Hebert Veloza, conocido como HH y exintegrante del Frente Turbo de las AUC, el mayor retirado Héctor Gutiérrez Vélez y el exparamilitar César Arce Graciano, detallan reuniones de coordinación, operaciones conjuntas con división de tareas y una connivencia sostenida con paramilitares y exintegrantes del Fondo Ganadero de Córdoba.
Patrones macrocriminales y responsabilidad de Navas
La JEP identificó dos patrones macrocriminales: uno centrado en asesinatos y desapariciones atribuidos a las FARC, militares y paramilitares, y otro en desplazamientos masivos, muertes y despojo de tierras impulsado por la alianza entre Ejército, paramilitares y empresarios ganaderos. En el caso de Navas Ramos, con 38 años de servicio militar desde su ingreso a la Escuela Militar de Cadetes en 1972, donde ascendió a subteniente en 1976, se le reprocha no haber prevenido los crímenes pese a su conocimiento de la alianza, habiendo ocupado cargos como jefe de operaciones del Comando General, comandante de la Fuerza de Tarea Omega y director del Centro Nacional de Entrenamiento. A pesar de su formación en derechos humanos y planeación estratégica, así como más de 50 condecoraciones, fue promovido tras los hechos ocurridos durante su mando en 1996 y 1997.
Esta investigación subraya la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en esas regiones y representa un hito en los esfuerzos por esclarecer la verdad en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con base en el exhaustivo informe de la JEP y los testimonios recopilados.
