La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó formalmente este 9 de diciembre al general retirado del Ejército Nacional, Rito Alejo del Río, por los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, relacionados con el auge paramilitar, las masacres en la región del Urabá antioqueño y chocoano, y el exterminio sistemático de la Unión Patriótica (UP). En el mismo proceso, también fueron imputados 21 militares activos o retirados, ocho exintegrantes de las Farc y cinco exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba, mientras que cinco militares enfrentan cargos específicos por el exterminio de la UP. La decisión se basa en la investigación de la Sala de Reconocimiento de la JEP, que documentó la colaboración entre la Brigada 17 del Ejército, bajo el mando de Del Río, y los paramilitares, como parte de una estrategia sistemática de vaciamiento territorial, despojo de comunidades y exterminio de la UP entre 1986 y 2002.
Entre 1986 y 2002, la región sufrió una devastación sin precedentes con más de 500.000 víctimas por desplazamiento forzado, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. Se registraron 462.246 casos de desplazamiento forzado, de los cuales el 62,4 por ciento correspondieron a Antioquia con 315.202 personas y el 26,7 por ciento a Chocó con 123.275. Las muertes violentas alcanzaron las 47.283, concentradas en un 72 por ciento en Turbo, Apartadó y Chigorodó; las desapariciones forzadas sumaron 16.715, con 12.794 en Antioquia; las torturas documentadas fueron 2.189 en Antioquia, principalmente en Turbo y Apartadó; y la violencia sexual afectó a 939 de las 1.200 identificadas, en un 90,66 por ciento a mujeres. En cuanto a la Unión Patriótica, entre 1984 y 2016 se contabilizaron 8.929 víctimas, incluyendo 5.729 asesinadas o desaparecidas, 1.115 desapariciones y 1.959 desplazamientos.
Colaboración documentada y masacres emblemáticas
La investigación destaca la colaboración entre la Brigada 17, comandada por Del Río, y los paramilitares en masacres como la de El Golazo en Apartadó en abril de 1996, donde murieron 10 personas incluyendo dos menores, así como en las operaciones Génesis y Cacarica. De hecho, Del Río ya había sido condenado en la justicia ordinaria por el asesinato de Marino López durante la operación Cacarica. Testimonios clave provienen de Hebert Veloza, alias HH, y Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, quienes detallaron planeaciones conjuntas y pactos de no agresión. Aunque Del Río negó ante la JEP cualquier vínculo con paramilitares, recibió en 1997 la medalla de servicios distinguidos en orden público y la orden de Boyacá, en medio de una política contrainsurgente que estigmatizaba a la UP y a la población civil.
“actuó con intención y conocimiento de la devastación física y moral del territorio, la desolación de sus pobladores, la destrucción del tejido social y sus modos de vida”
Sala de Reconocimiento de la JEP
Los imputados disponen de 30 días para aceptar o rechazar los cargos; de no hacerlo, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, con penas de hasta 20 años de prisión. Este proceso representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas de una de las épocas más oscuras del conflicto armado en Urabá, donde el tejido social fue destruido de manera deliberada.
