La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve exintegrantes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc por las masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y ataques armados cometidos en Tolima, Huila y Quindío. Entre los imputados figuran Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, junto a otros seis comparecientes. Ocho de ellos fueron imputados como máximos responsables, mientras que uno lo fue por participación determinante.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y dada a conocer el 28 de enero de 2021, en el marco del tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016. La investigación documentó 94 incursiones armadas perpetradas por esa estructura entre 1991 y 2016, y estableció que sus acciones se agrupan en dos grandes patrones de criminalidad. El 78,4 % de las víctimas acreditadas corresponde al patrón de control social y territorial, mientras que el 13,9 % se enmarca en crímenes cometidos durante la conducción de hostilidades; el 7,7 % restante combina ambos patrones.
Control social y territorial
De acuerdo con la JEP, el Comando Conjunto Central persiguió a personas señaladas como enemigas o colaboradoras de la Fuerza Pública y de los paramilitares, impuso reglas de convivencia a la población, presionó a las autoridades locales y ejerció un férreo control sobre tierras y bienes. Dentro de este patrón se inscriben la masacre de Puerto Saldaña, ocurrida entre abril y mayo de 2000, donde fueron asesinados 27 civiles, se destruyeron cerca de 200 viviendas y más de 3.600 personas fueron desplazadas; y la toma de Roncesvalles, Tolima, en julio de ese mismo año, en la que 13 policías fueron asesinados después de haberse rendido, 30 edificaciones fueron destruidas y alrededor de 800 habitantes tuvieron que huir. La JEP también documentó el asesinato de la personera de Roncesvalles, Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, quien había denunciado violaciones de derechos humanos, y el homicidio de Mario de Jesús Cardona, candidato a la Alcaldía de Chaparral, ultimado durante un acto de campaña en 2003.
En este contexto se inscribe igualmente la masacre de Potrero Grande, en el Huila, cometida en enero de 2002, así como el despojo de tierras mediante amenazas y presión para vender predios por debajo de su valor comercial. El tribunal concluyó que esta estructura fue la que más tomas guerrilleras y ataques contra estaciones de Policía perpetró en todo el país.
Crímenes en medio de las hostilidades
El segundo patrón identificado por la JEP abarca los crímenes cometidos durante el desarrollo de las acciones armadas. Allí se incluyen el uso de minas antipersonal en caminos transitados por campesinos e indígenas, los ataques contra la infraestructura eléctrica y la utilización de civiles para transportar explosivos o como escudos humanos. También se contabilizaron ataques contra miembros de la Fuerza Pública que se encontraban fuera de combate, como ocurrió en Roncesvalles.
La JEP solicitó información para la búsqueda, identificación y entrega digna de 30 personas desaparecidas en el marco de las acciones de esta estructura. Ahora los comparecientes tendrán un plazo de 20 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos formulados; luego se abrirá un término de 30 días hábiles para que las víctimas, el Ministerio Público y los propios comparecientes presenten observaciones. Si los hechos son reconocidos, el caso avanzará hacia una audiencia pública de reconocimiento y a la imposición de sanciones propias; de lo contrario, será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar un juicio adversarial y, en caso de ser hallados responsables, penas de hasta 20 años de prisión.
