La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exmiembros del Ejército, entre ellos un brigadier general y un sargento viceprimero retirados, como presuntos responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. La investigación del tribunal de justicia transicional los señala como partícipes de un plan criminal orquestado por la inteligencia militar que, entre 1985 y 1993, ejecutó una campaña sistemática de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos contra opositores políticos y presuntos insurgentes en Bogotá. Este accionar, según la JEP, se enmarca en el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP) y la persecución a miembros del M-19, el EPL y las Farc.
Entre los imputados se encuentran el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado, excomandante de la Brigada XX, y el sargento viceprimero retirado Bernardo Alfonso Garzón Garzón, quien integró el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) del Batallón Charry Solano. La lista la completan los sargentos mayores retirados Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; los sargentos viceprimeros retirados Julio Roberto Ortega Araque y Carlos Armando Mejía Lobo, este último coronel retirado; y los tenientes coroneles retirados Camilo Pulecio Tovar y Óscar Diego Sánchez Vélez, también coronel retirado. La JEP estableció que estos militares operaron a través de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), una unidad que realizaba seguimientos, detenciones sin orden judicial e interrogatorios bajo tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual en al menos un caso. Las víctimas, detenidas desarmadas o fuera de combate, eran trasladadas a instalaciones militares como el Batallón Charry Solano o a sedes clandestinas en Soacha (Cundinamarca), donde los interrogatorios casi siempre culminaban en ejecuciones y desapariciones. Los militares operaban con identidades encubiertas, usaban vehículos civiles y denominaban estas acciones como “levantamientos”.
Una estructura criminal para la persecución política
La investigación de la JEP se basó en el análisis de 3.306 carpetas oficiales de la extinta Brigada XX, un archivo que no había sido examinado con una perspectiva macrocriminal. A partir de ese material, se documentaron 13 hechos que afectaron a 15 personas vinculadas con el M-19, el EPL y las Farc, y 14 hechos contra 18 víctimas de la UP en Bogotá. De las víctimas, diez fueron identificadas como desaparecidas, de las cuales cinco continúan sin ser localizadas. La JEP también estableció que 353 víctimas de la UP en Bogotá entre 1984 y 2016, y que el 53,8 % de la victimización ocurrió entre 1985 y 1993, el mismo período en el que actuó la COE.
La imputación se sustenta en 23 versiones voluntarias rendidas por exmiembros de unidades de inteligencia entre febrero de 2021 y mayo de 2026, así como en 834 solicitudes de acreditación de víctimas. El testimonio del sargento Garzón fue clave, ya que permitió localizar los restos de Nydia Erika Bautista, militante del M-19 desaparecida en agosto de 1987, y aportó información detallada sobre el funcionamiento de la unidad de inteligencia. La Corte Suprema de Justicia, al reabrir en junio de 2025 el proceso contra Velandia, Ortega, Hernández y Angarita, señaló que la desaparición de Bautista hacía parte de “un patrón sistemático de conducta ejercido por la Brigada XX – Batallón Charry Solano”.
“La desaparición de Nydia Erika Bautista hacía parte de un patrón sistemático de conducta ejercido por la Brigada XX – Batallón Charry Solano”
Corte Suprema de Justicia, junio de 2025
La JEP calificó estos hechos como genocidio contra un grupo político, según el artículo 101 del Código Penal, y como crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, tortura, violación, desaparición forzada y deportación. También fueron considerados crímenes de guerra, dado que las víctimas estaban privadas de la libertad o fuera de combate. El tribunal determinó que la inteligencia militar, bajo la doctrina del Reglamento de Combate de Contraguerrillas de 1987, equiparaba a la oposición política y los movimientos sociales con instrumentos de desestabilización, considerando a partidos legales e insurgencia como un mismo enemigo en un contexto de “insurrección general”.
La imputación distingue entre ejecutores directos, facilitadores, directores de grupos y mandos que aseguraron la continuidad de la estructura criminal. Aunque en los crímenes contra la UP habrían intervenido paramilitares, agentes del DAS y policías, la JEP atribuyó a la inteligencia militar un lugar central en la producción de información, los señalamientos y la selección de víctimas. El exterminio de la UP en Bogotá, según el expediente, se ejecutó a partir de un listado de la Dinde con 2.624 nombres bajo la etiqueta “UP-FARC”, de los cuales 163 eran dirigentes y militantes en la capital; de ellos, 18 fueron victimizados antes del 11 de agosto de 1994.
