La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a cinco mandos militares retirados por su presunta participación en el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), renombrando formalmente el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” el 9 de diciembre de 2025. Entre los señalados se encuentran el mayor general retirado Iván Ramírez Quintero y el brigadier general retirado Rito Alejo del Río Rojas, considerados coautores del genocidio, así como los tenientes coroneles retirados Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez. La decisión se basa en un escrito de determinación de hechos y responsabilidades que incluye imputaciones por genocidio, homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, desplazamiento forzado, tortura y otros actos inhumanos.
Los crímenes se concentraron principalmente en regiones como Urabá, donde representaron el 26,5 por ciento de las víctimas fatales entre 1985 y 2016, y en Ariari-Guayabero y el Magdalena Medio, que suman el 59,1 por ciento de las víctimas. La JEP ha acreditado a 560 víctimas en este caso, incluyendo cinco colectivas, aunque la Unión Patriótica estima que alrededor de 6.200 militantes, simpatizantes y líderes sociales fueron asesinados o desaparecidos durante más de dos décadas de violencia constante entre 1984 y 2002, un período en el que no pasó un mes sin que un militante de la UP fuera asesinado o desaparecido. Esta persecución se sustentó en una intención deliberada de eliminar el movimiento político, mediante la estigmatización de la UP como el “brazo político de las Farc-EP”.
Investigación exhaustiva respalda las imputaciones
La determinación de la JEP se apoya en 34 informes, 139 diligencias de versión con 68 comparecientes, 135 testimonios de víctimas y declarantes, así como archivos de inteligencia de la Brigada XX y XVII. El caso, iniciado en 2018, busca esclarecer más de 30 años de violencia contra la UP y complementa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, que ordenó investigar para combatir la impunidad.
“aunque es un avance el señalamiento de estos militares en crímenes contra nosotros y contra la democracia, faltan más”
Aída Avella, presidenta de la UP y senadora
La Defensoría del Pueblo, que aportó un informe desde 1992 sobre homicidios contra miembros de la UP y propuso ampliar el concepto de genocidio a motivaciones políticas, saludó la decisión como una oportunidad para la no repetición y para detener la estigmatización política. Aída Avella, sobreviviente de un atentado con bazuca en Bogotá y exiliada por amenazas, representa la resiliencia de quienes resistieron esta persecución sistemática. Esta imputación marca un paso clave hacia la justicia para las víctimas y refuerza el compromiso con la verdad en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en Colombia.
