La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que llevará a juicio adversarial al exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas, por su presunta participación en un plan para exterminar a la familia Turbay Cote en el departamento de Caquetá durante el año 2000. El proceso, que se constituye como el primer juicio transicional de este tipo contra un excongresista, se realizará los días 22 y 23 de julio ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAV) de la JEP en Bogotá. Almario es acusado del crimen de lesa humanidad de persecución, al haber presuntamente orquestado una alianza criminal con las extintas Farc para eliminar a Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, y a su madre Inés Cote de Turbay, con el objetivo de reconfigurar el equilibrio de poder político en la región.
Un plan sistemático de violencia política
Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, Almario habría liderado un plan sistemático que incluyó asesinatos y secuestros contra el sector denominado “turbayista”. Las cifras revelan que aproximadamente treinta líderes, simpatizantes y colaboradores de este grupo fueron víctimas de homicidio o desaparición forzada. Entre ellos figuran seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador. La masacre más emblemática ocurrió el 29 de diciembre de 2000, cuando la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc asesinó a ocho personas: Diego Turbay Cote, su madre Inés Cote de Turbay, Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.
La defensa de Almario ha presentado múltiples recursos desde 2023 para suspender el proceso, pero la JEP reiteró que no admitirá maniobras “notoriamente improcedentes” que busquen postergar el juicio. El exrepresentante a la Cámara, quien había solicitado su sometimiento voluntario a la JEP en junio de 2023 por un caso de parapolítica, fue rechazado por no ofrecer compromisos suficientes de verdad, reparación y no repetición. Además, la Corte Suprema ratificó en 2025 una condena en su contra por concierto para promover grupos armados ilegales y constreñimiento al elector.
Precedente para la justicia transicional
Este juicio marca un hito en el sistema de justicia transicional colombiano, pues implica que los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad deberán enfrentar un proceso público y probatorio. La JEP ha emitido hasta ahora 182 imputaciones contra las Farc y sus bloques por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En caso de ser hallado culpable, Almario podría enfrentar una condena de hasta veinte años de prisión. Las audiencias públicas del 22 y 23 de julio serán el escenario donde se debatirán las pruebas y estipulaciones, y donde Almario tendrá la opción de reconocer tardíamente su responsabilidad o persistir en su defensa. La JEP ha dejado claro que no permitirá dilaciones, lo que refuerza la determinación del tribunal de avanzar en los procesos de verdad y justicia.
