La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió una investigación formal contra el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante de la IV Brigada del Ejército en Antioquia, por su presunta responsabilidad en 141 ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’, cometidas entre 2002 y 2003 en esa región. La decisión se formalizó mediante un auto expedido el 23 de diciembre de 2025 por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, tras más de un año de análisis exhaustivo de 59 hechos criminales específicos, después de que Montoya negara su responsabilidad en octubre de 2024, lo que le implica la pérdida de beneficios y la exposición a un posible juicio penal ordinario con penas de hasta 20 años de prisión.
Estos crímenes formaron parte de una política sistemática impulsada durante el mando de Montoya en la IV Brigada, orientada a maximizar el número de bajas reportadas mediante incentivos y reconocimientos a las unidades militares, bajo una ‘lógica operacional’ que enfatizaba resultados cuantitativos en términos de «litros, ríos o barriles de sangre». Las víctimas fueron principalmente civiles desarmados en situación de indefensión, cuyos cuerpos fueron manipulados para simular combates, siguiendo tres patrones recurrentes: detención y asesinato sin enfrentamiento, engaño a civiles vulnerables y ejecución de personas capturadas o rendidas.
Selección como máximo responsable y contexto de los autos de la JEP
Mediante el auto 062 de 2023, la JEP seleccionó a nueve máximos responsables por ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003, entre los que se incluye a Mario Montoya Uribe como comandante de la IV Brigada. Posteriormente, el auto 005 de 2025 identificó a otros máximos responsables por crímenes similares entre 2004 y 2007, destacando la ausencia de Montoya en esa lista pese a su rol como comandante de la Primera División del Ejército Nacional, período en el que su aporte fue determinante para el aumento exponencial de estos graves delitos, según reveló inicialmente la revista Cambio.
“Mediante el auto 062 de 2023, la JEP seleccionó nueve máximos responsables relacionados con estos crímenes perpetrados entre los años 2002 y 2003, dentro de los cuales se encuentra Mario Montoya Uribe, quien fungía como comandante de la IV Brigada”.
Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Un ejemplo paradigmático es el asesinato de Franklin de Jesús Gómez, un hombre con discapacidad intelectual, perpetrado el 30 de noviembre de 2003 por una unidad de la IV Brigada, con manipulación deliberada de la escena para presentarlo como guerrillero abatido en combate.
“En este mismo sentido, mediante el auto 005 de 2025, la sala de reconocimiento de la JEP seleccionó otros máximos responsables llamados a reconocer su participación en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2004 y 2007. Llama la atención de esta segunda decisión la ausencia de Mario Montoya Uribe, quien se desempeñaba como comandante de la Primera División del Ejército Nacional y cuyo aporte fue determinante para el aumento exponencial… de estos graves crímenes» .
Sergio Arboleda Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad y representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Este cambio de estatus de Montoya, de compareciente a investigado formal, representa un avance significativo para las víctimas y sus familiares, quienes aguardan con esperanza la verdad plena y la responsabilidad de los altos mandos militares involucrados en esta oscura página del conflicto armado colombiano.
