La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el auto de determinación de hechos y conductas SUB I-L 002, con fecha 10 de noviembre de 2026, mediante el cual llama a ocho exintegrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, cometidos contra la Unión Patriótica y miembros del M-19, EPL y Farc-EP en Bogotá entre 1985 y 1993. Los comparecientes son los sargentos mayores retirados Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; los sargentos viceprimeros retirados Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón; el coronel retirado Carlos Armando Mejía Lobo; el teniente coronel retirado Camilo Pulecio Tovar; el coronel retirado Óscar Diego Sánchez Vélez; y el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
La decisión se enmarca en los Casos 06 y 08 de la JEP, que investigan los patrones criminales del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICO), luego Brigada XX. La Sala de Reconocimiento de Verdad analizó 23 versiones voluntarias, 9 declaraciones bajo juramento, 17 expedientes de la justicia ordinaria, penal militar y disciplinaria, así como archivos de la Brigada XX. Durante el proceso, en julio de 2026, se escuchó a 37 víctimas. Los ocho comparecientes tienen 15 días hábiles para reconocer o controvertir los hechos señalados.
Patrones de estigmatización y violencia
La Sala concluyó que la inteligencia militar contribuyó a la estigmatización de la Unión Patriótica como aliada de las Farc-EP, lo que derivó en seguimientos, vigilancias y controles sobre personas identificadas como blancos. Esto desembocó en privaciones de la libertad, interrogatorios bajo tortura, desapariciones forzadas y homicidios. Se identificaron 14 hechos con 18 víctimas en el patrón contra la Unión Patriótica, y 13 hechos con 15 víctimas en el patrón contra insurgentes del M-19, EPL y Farc-EP cuando estaban fuera de combate. De las víctimas de desaparición forzada, cinco continúan desaparecidas.
«La COE realizó seguimientos, vigilancias y controles sobre personas identificadas como blancos. En varios casos, esas actividades desembocaron en privaciones de la libertad, interrogatorios bajo tortura, desapariciones forzadas y homicidios»
Auto de Determinación SUB I-L 002, JEP
En un hecho relacionado, la JEP remitió de forma temprana al general retirado Iván Ramírez Quintero a la Unidad de Investigación y Acusación por su presunta participación determinante y su negativa a aportar verdad plena. Además, la Sala subrayó que la violencia contra la Unión Patriótica no se atribuye exclusivamente a la Brigada XX, sino que también participaron paramilitares, el DAS, la Policía y otras unidades militares, evidenciando un contexto de persecución sistemática.
El auto también ordena a los ocho exmilitares presentar, en 15 días hábiles, un plan para contribuir a la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas. Si reconocen verdad y responsabilidad, la JEP podría remitir una resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, que definiría sanciones restaurativas y reparadoras para las víctimas.
