La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) oficializó el inicio del cumplimiento de las sanciones propias contra siete exmiembros del último secretariado de las extintas Farc, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, mientras que víctimas de reclutamiento forzado le exigieron a este último revelar la ubicación de dos fosas comunes en el departamento del Meta. La decisión, materializada mediante la sentencia TP-SA-SP 620, fue emitida el pasado 18 de septiembre de 2026 y revisa parcialmente el fallo TP-SeRVR-RC-ST 001, correspondiente al Caso 01, que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y delitos conexos cometidos por la guerrilla.
Las sanciones impuestas varían según la responsabilidad de cada uno de los comparecientes. Rodrigo Londoño deberá cumplir ocho años de sanción propia, al igual que Pablo Catatumbo Torres Victoria, mientras que Jaime Alberto Parra Rodríguez recibió una condena de 7 años, 10 meses y 2 días; Milton de Jesús Toncel Redondo, 7 años, 8 meses y 25 días; Pastor Lisandro Alape Lascarro, 6 años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, 6 años; y Rodrigo Granda Escobar, 5 años. Todos ellos fueron hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo secuestros, reclutamiento forzado y otros delitos cometidos durante el conflicto armado interno.
Exigencias de las víctimas sobre fosas comunes en el Meta
En medio del anuncio de la JEP, la ONG Rosa Blanca, integrada por mujeres que fueron víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género, alzó su voz para demandar que Rodrigo Londoño revele la ubicación de dos fosas comunes ubicadas cerca de La Uribe, Meta. A través de la red social X, la organización señaló directamente: “Timochenco no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicada cerca de la Uribe – Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde”. La ONG aseguró que allí “fusilaron cerca de 100 personas, incluyendo niños y jóvenes universitarios que se iban engañados para las filas de las Farc”. La cifra de víctimas en esas fosas, según el organismo, asciende a cerca de un centenar de personas.
“Timochenco no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicada cerca de la Uribe – Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde”
ONG Rosa Blanca
“Fusilaron cerca de 100 personas, incluyendo niños y jóvenes universitarios que se iban engañados para las filas de las Farc”
ONG Rosa Blanca
Cambio de estatus jurídico para Sandra Ramírez
Paralelamente, la JEP citó a versión libre a Sandra Ramírez, viuda de ‘Tirofijo’ y excongresista, por su presunta participación en reclutamiento forzado y otros hechos. Esta citación cambió su situación jurídica: pasó de ser una persona amnistiada a convertirse en compareciente ante la jurisdicción. El secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo, Sergio Alzate, explicó que “a partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos”. Se le atribuye haber trasladado su formación como enfermera a otros guerrilleros para ejecutar prácticas de abortos forzados, así como intervención en decisiones sobre homicidios y desapariciones de menores reclutados.
“A partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos”
Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP
Durante la audiencia, la víctima Daisy Guanaro, quien fue reclutada a los 10 años, relató que Ramírez la obligó a desfilar en ropa interior “para que complaciera a depravados sexuales como Timochenko y a depredadores sexuales como Pablo Catatumbo y otros de esos bandidos”, según lo reseñó el abogado Alzate. Esta declaración fue presentada como prueba que cuestionó la jurisprudencia previa, que solo citaba a mandos militares y no a quienes, desde otros roles, también ejercieron poder sobre las víctimas.
La sentencia TP-SA-SP 620, que oficializó las sanciones propias, representa un paso más en la implementación del Acuerdo de Paz, aunque el clamor de las víctimas por verdad, justicia y reparación sigue vigente. Mientras los excomandantes enfrentan su condena, la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos en el Meta continúa siendo una herida abierta que el proceso de paz aún no logra cerrar.
