La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden urgente de protección para Cleiner Almanza Blanco, mujer buscadora de personas desaparecidas y defensora de derechos humanos, luego de que denunciara haber sido víctima de tortura y agresiones por parte de presuntos integrantes del Clan del Golfo en un hecho ocurrido el pasado 8 de junio en un lugar apartado de Cartagena. La decisión judicial busca salvaguardar su vida y la de su familia, en un caso que ha encendido las alarmas sobre los riesgos que enfrentan quienes dedican su existencia a la búsqueda de la verdad en medio del conflicto armado colombiano.
Cleiner Almanza, acreditada como víctima ante la JEP en el Subcaso Montes de María del Caso 08, lleva más de 28 años buscando a su hermano Julio César Blanco Vides, desaparecido en febrero de 1998 cuando salió de su casa en la vereda La Reforma, en El Carmen de Bolívar, rumbo a la Notaría Única de San Onofre. A lo largo de este prolongado camino, ha sufrido múltiples formas de victimización, entre ellas amenazas, desplazamiento forzado, señalamientos, secuestros y violencia sexual, según ha documentado en sus denuncias. Su liderazgo en la medida cautelar del Cementerio de Sincelejo la ha convertido en un blanco recurrente de ataques, y el trámite para obtener protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ya estaba en proceso desde abril, cuando la JEP había solicitado una nueva valoración de riesgo.
Medidas urgentes y respaldo institucional
La Sala de Reconocimiento de la JEP ordenó un conjunto de acciones inmediatas que incluyen acompañamiento policial permanente a cargo de la Policía de Bolívar y la Metropolitana de Cartagena, así como el trámite de emergencia ante la UNP para asignar un esquema de seguridad. Se dispuso además la realización de una reunión extraordinaria del Cerrem Mujeres en un plazo de 48 horas y el fortalecimiento de la atención integral para Almanza y su familia por parte de la Unidad para las Víctimas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Bolívar. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación deberá adelantar las investigaciones penales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Ministerio de Justicia rechazó de manera categórica las agresiones cometidas contra Cleiner Almanza y anunció un seguimiento estricto al cumplimiento de las medidas ordenadas. En una declaración contundente, el ministro Jorge Iván Cuervo afirmó: “Atacar a una mujer buscadora es atacar la verdad, la memoria y la dignidad de miles de familias en Colombia. A Cleiner, a su familia y a todas las mujeres buscadoras del país les decimos: no están solas. Su causa es la causa de Colombia. El Estado tiene la obligación de protegerlas y vamos a hacer que esa protección se cumpla”.
“Atacar a una mujer buscadora es atacar la verdad, la memoria y la dignidad de miles de familias en Colombia. A Cleiner, a su familia y a todas las mujeres buscadoras del país les decimos: no están solas. Su causa es la causa de Colombia. El Estado tiene la obligación de protegerlas y vamos a hacer que esa protección se cumpla”.
Jorge Iván Cuervo, Ministro de Justicia
El jefe de la cartera de Justicia agregó que “Cleiner cuenta con el respaldo del Ministerio para instar a las autoridades competentes a que se haga justicia por los hechos de violencia de los que fue víctima. Haremos seguimiento estricto a las acciones de protección que su situación requiere” y subrayó que “las autoridades deben actuar con rapidez, coordinación y resultados. No puede haber impunidad”.
La agresión contra Cleiner Almanza se inscribe en el contexto del Caso 08 que investiga la JEP, donde se analizan los crímenes cometidos por fuerza pública, otros agentes del Estado, paramilitares y terceros civiles en el marco del conflicto armado en la región de los Montes de María. Las organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de ataques buscan amedrentar a quienes, como Almanza, se han convertido en símbolos de la lucha contra la impunidad y la desaparición forzada en Colombia. La orden de protección de la JEP representa un reconocimiento de la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran estas mujeres buscadoras, cuyo trabajo es clave para esclarecer los crímenes del pasado y construir memoria histórica.
