El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, envió una carta formal al ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitándole convocar una reunión urgente para garantizar la ejecución de las sanciones restaurativas por secuestro y falsos positivos. En la misiva, Ramelli advierte que sin coordinación y recursos del Gobierno Nacional las condenas podrían quedar sin materialización, poniendo en riesgo la definición de la situación jurídica de militares y antiguos miembros de las Farc ya condenados o por ser condenados, y frustrando los anhelos restaurativos de miles de víctimas que han confiado en el proceso transicional.
Las sanciones restaurativas, previstas en el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria 1957 de 2019, tienen una doble naturaleza: restaurativa y restrictiva de derechos. Si bien la JEP impone las condenas, la materialización efectiva mediante proyectos viables y financiados es responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional. La instancia encargada de esta coordinación, la denominada Insart, ha acumulado trabajo desde 2022, contabilizando diez sesiones ordinarias, tres extraordinarias y 110 reuniones de mesas técnicas. Además, se han identificado casi un centenar de proyectos con vocación restaurativa en distintos niveles del Estado.
Coordinación interinstitucional en riesgo
En la carta, Ramelli subraya que sin el trabajo concertado entre el gobierno y la magistratura no habría proyectos restaurativos viables, lo que imposibilitaría hacer efectivas las condenas. La Insart funciona como un sistema operativo de coordinación entre entidades del Ejecutivo para crear las condiciones materiales necesarias para ejecutar condenas por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. La JEP ha solicitado que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se incluya la continuidad de esta instancia y los recursos para las sentencias restaurativas. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU, la Procuraduría General y la Contraloría General de la Nación.
«Sin el trabajo concertado entre el Gobierno nacional y la magistratura no habría proyectos restaurativos viables por lo que sería imposible hacer efectivas las condenas, poniéndose en riesgo la definición de la situación jurídica de los militares y antiguos miembros de la Farc ya condenados o por ser condenados, frustrándose, además, los anhelos restaurativos de miles de víctimas que han participado y confiado en el proceso transicional».
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
La misiva también busca poner al tanto a los funcionarios del nuevo Gobierno sobre los avances y los retos inmediatos para cumplir las sentencias ya emitidas. Ramelli pidió mantener la regularidad de las sesiones ordinarias y mesas técnicas de la Insart, que ha permitido rastrear la oferta pública institucional gestionada desde el Departamento Nacional de Planeación y entidades nacionales, departamentales y locales. Asimismo, se ha realizado un trabajo de mapeo y aseguramiento de la capacidad financiera de las entidades involucradas en proyectos restaurativos ligados a sanciones ya emitidas o próximas a emitirse.
Un punto crítico es la aprobación del Decreto 652 de 2026, que fija las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad social y asegurabilidad para ejecutar las medidas restaurativas. La entrada en vigor de este decreto depende de la creación de protocolos entre varias entidades, una tarea que requiere necesariamente la coordinación desde la Insart. La JEP advierte que el plazo razonable de ocho años previsto para las sanciones restaurativas podría verse comprometido si no se avanza con celeridad en estos acuerdos interinstitucionales.
El llamado urgente del presidente de la JEP al ministro de Justicia refleja la preocupación por el riesgo de incumplimiento de las condenas en un proceso de justicia transicional que ha sido clave para la paz en Colombia. Sin la articulación efectiva entre el Gobierno y la magistratura, los proyectos restaurativos no podrán concretarse, dejando en vilo la reparación a las víctimas y la definición jurídica de los comparecientes.
