La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, confirmó la responsabilidad penal de siete integrantes del último secretariado de las extintas Farc por los secuestros de civiles y miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado colombiano. La decisión, emitida en el marco del macrocaso 01, ratifica que Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Álava Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar son autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder, al haber liderado la política de retenciones ilegales que la guerrilla aplicó sistemáticamente.
De acuerdo con el fallo, los siete excomandantes fueron declarados penalmente responsables por crímenes de guerra, como toma de rehenes y homicidio, y por crímenes de lesa humanidad, entre ellos privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada. Además, cinco de ellos —Londoño, Parra, Toncel, Torres Victoria y Álava— fueron hallados adicionalmente responsables por mando, al no haber evitado otros delitos cometidos por sus subordinados, como tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. La JEP precisó el alcance jurídico de la declaratoria, ajustando algunos aspectos de la decisión inicial pero manteniendo la esencia de la imputación.
Revisión de la JEP y política de “paz total” en el nuevo gobierno
Mientras la JEP reafirma su papel en la judicialización de los máximos responsables del conflicto, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella inició el pasado 30 de junio su proceso de empalme en Bogotá, con una agenda que incluye la revisión de esta misma jurisdicción y de la política de “paz total”. Iván Cancino, quien encabeza la mesa técnica de justicia del empalme, ha planteado la necesidad de evaluar el funcionamiento de la JEP y endurecer la seguridad frente a grupos armados. En declaraciones a medios, Cancino afirmó: “El presidente ha sido claro que aquí hay que someter a los grupos delincuenciales y no darles más gabelas y luchar de manera frontal contra la corrupción”.
“El presidente ha sido claro que aquí hay que someter a los grupos delincuenciales y no darles más gabelas y luchar de manera frontal contra la corrupción”.
Iván Cancino, jefe de la mesa técnica de justicia del empalme
La decisión de la Sección de Apelación de la JEP, aunque no fija una fecha exacta de emisión, se produce en un momento de transición política en el que el nuevo gobierno ha anunciado su intención de revisar los acuerdos de paz y las herramientas de justicia transicional. El macrocaso 01, que juzga los secuestros cometidos por las Farc, se convierte así en un precedente clave que el Ejecutivo entrante deberá considerar al definir su postura frente a la JEP y a la implementación del sistema de justicia transicional. La confirmación de la responsabilidad penal de los siete excomandantes abre la puerta a la imposición de sanciones propias del tribunal, que podrían incluir restricciones de libertad y trabajos reparadores, en un escenario donde la tensión entre rendición de cuentas y construcción de paz sigue vigente.
