El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, rechazó de manera contundente la propuesta presentada por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, que pretendía trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de ese tribunal al Consejo Superior de la Judicatura. Durante la rendición de cuentas de la JEP, realizada el viernes 18 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, Ramelli advirtió que esa medida comprometería gravemente la operación del tribunal y pondría en riesgo las garantías de las víctimas y de los comparecientes ante la justicia transicional.
El anuncio se produjo en medio de la presentación de los resultados de la gestión de la JEP, donde el magistrado señaló que el recorte propuesto, equivalente al 62% de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios –rubro que actualmente asciende a 161.271 millones de pesos–, desconoce las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. Ramelli enfatizó que la propuesta del senador Gómez Martínez, respaldada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, vulnera la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura de la jurisdicción.
Una desfinanciación que se agrava
La JEP ya arrastraba un déficit de 84.663 millones de pesos debido a reajustes realizados durante la vigencia presupuestal actual. A esa cifra se suma ahora el intento de recorte de 100.000 millones, lo que, según Ramelli, afectaría directamente la capacidad del tribunal para atender los procesos de verdad, justicia y reparación. Durante su intervención, el presidente de la JEP fue enfático al señalar que «están desconociendo todo», en clara alusión a la postura del congresista oficialista y del propio Ejecutivo, que insisten en redirigir esos recursos.
«Pone en riesgo las garantías de las víctimas»
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
El rechazo del alto magistrado se produce en un contexto de creciente tensión entre los poderes del Estado en torno a la financiación de la justicia transicional. La JEP, creada precisamente como pilar del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc, depende de un presupuesto adecuado para cumplir con sus funciones. Ramelli advirtió que el traslado de los 100.000 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura no solo afectaría la adquisición de bienes y servicios, sino que también comprometería la realización de audiencias, la protección de testigos y la atención psicosocial a las víctimas. La advertencia del presidente de la JEP deja en evidencia la fragilidad financiera de una institución que, según sus propias palabras, no puede operar sin los recursos necesarios para garantizar los derechos de quienes buscan verdad y justicia en el país.
