La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encendió las alarmas durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso de la República, al advertir que la reducción presupuestal aprobada en primer debate pone en jaque la atención a las víctimas y el avance de sus procesos judiciales. En un comunicado oficial, la entidad pidió a los legisladores mantener los recursos que inicialmente había contemplado el Gobierno, pues la asignación preliminar ya era insuficiente y el recorte adicional profundiza una crisis financiera que afectaría directamente la garantía de derechos en un momento crucial para la justicia transicional.
La JEP había solicitado para 2027 un presupuesto de $947.642 millones, pero la asignación inicial del Gobierno fue de $821.803 millones, lo que dejaba un faltante de $125.839 millones. Sin embargo, durante el primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado se aprobó un recorte adicional de $170.000 millones, de los cuales $140.000 millones corresponden a inversión y $30.000 millones a funcionamiento. Con ello, el presupuesto final quedaría en $651.803 millones, es decir, $129.667 millones menos que el presupuesto vigente de 2026.
Un ajuste que golpea a víctimas y comparecientes
La reducción tendría efectos sumamente perjudiciales en la garantía de derechos de víctimas y comparecientes, tal como lo advierte la propia JEP en su comunicado. La jurisdicción, creada tras el Acuerdo Final de Paz, mantiene actualmente investigaciones abiertas en 11 macrocasos sobre graves hechos del conflicto armado, con 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 de la fuerza pública. El ajuste presupuestal pondría en riesgo la participación de las víctimas en audiencias, su representación jurídica y el acompañamiento psicosocial, así como la seguridad jurídica de quienes se sometieron a este tribunal.
«Esta reducción tendría efectos sumamente perjudiciales en la garantía de derechos de víctimas y comparecientes en un momento crucial de la jurisdicción».
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comunicado oficial
La JEP ya ha venido aplicando medidas de austeridad, como el uso de herramientas virtuales, la programación anticipada de audiencias y un plan de ahorros que entre 2024 y julio de 2026 generó $21.575 millones en economías. A pesar de ello, la entidad se prepara para implementar un nuevo plan de reducción de costos ante el panorama fiscal. No obstante, aclaró que no ha solicitado ampliar su mandato, fijado en 15 años y previsto hasta 2033, ni obtener recursos adicionales a los que el propio Gobierno había planteado inicialmente.
El recorte podría limitar la capacidad de la jurisdicción para establecer responsabilidades, imponer sanciones y resolver la situación jurídica de los comparecientes, tanto de la fuerza pública como de las extintas Farc-EP. La entidad reiteró que continuará rindiendo cuentas y trabajando para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, pero insistió en que el Congreso debe restablecer los recursos contemplados en la propuesta original del Ejecutivo para no comprometer el avance de los procesos en curso.
