La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró este viernes su solicitud al Gobierno de Gustavo Petro para que aporte recursos adicionales que permitan continuar las excavaciones y la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y el magistrado Gustavo Salazar Velázquez lideran este llamado, destacando que la financiación actual, proveniente principalmente de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, solo garantiza las labores hasta mediados o finales de agosto. El proceso, iniciado en diciembre de 2024, ha recuperado siete cuerpos de víctimas de desaparición forzada, pero una cantidad significativa de escombros aún debe ser removida con maquinaria proporcionada por la Alcaldía, equipos forenses y mano de obra de la JEP.
El total requerido para completar el proceso supera los 120.000 millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional ha aportado menos de la mitad, alrededor de 50.000 millones, dejando un déficit que excede los 70.000 millones. La JEP gestiona apoyos adicionales ante la Dirección de Planeación Nacional (DNP), el Ministerio de Hacienda, y los ministerios de Interior y Culturas, subrayando la dependencia de la continuidad en el aporte nacional para avanzar en la justicia transicional. En el presupuesto de la JEP para 2025, se recibieron 777.069 millones de pesos con un 99,3% de ejecución, distribuidos en 588.211 millones para funcionamiento y 188.858 millones para inversión, atendiendo a 6.555 víctimas con representación judicial, 2.063 individuales y 55 colectivos acreditados, tras 99 jornadas de acreditación y más de 235 audiencias públicas.
Urgencia por el apoyo nacional en sitio emblemático
La Escombrera representa un sitio emblemático de desapariciones forzadas durante el conflicto armado, donde las excavaciones se reanudarán con maquinaria a mediados de febrero de 2026 una vez resuelto el tema financiero. La Alcaldía de Medellín cubre el bienestar de las víctimas y la maquinaria pesada, mientras la JEP aporta equipos forenses y mano de obra, complementados con fondos temporales de la Gobernación de Antioquia. Este esfuerzo se ve afectado por un recorte temporal de fondos de Estados Unidos, aunque se mantiene el apoyo de la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Además, en lo que va del año, una visita de la Corte Penal Internacional supervisó los compromisos de Colombia en materia de justicia transicional.
«Es enorme lo que hay que mover de escombros (…) es fundamental que el Gobierno nacional apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible”
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
«Mi llamado siempre ha sido al Gobierno nacional para que se sume porque hasta el momento solamente ha sido la Alcaldía de Medellín”
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP
La reiteración de esta solicitud pone en evidencia la necesidad de un compromiso mayor del Ejecutivo para no interrumpir las labores en un proceso clave para las víctimas del conflicto, en un contexto donde la JEP avanza en sus competencias pese a los retos presupuestales, según informes del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y fuentes como El Espectador, Canal Institucional de la JEP y Reuters.
