La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió el juicio adversarial contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, procesado por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia entre 2004 y 2005. La decisión fue adoptada mientras se resuelve un recurso de apelación presentado por la defensa del militar, que cuestiona la inclusión de uno de los diez hechos jurídicamente relevantes que componen la acusación de la Fiscalía. La medida, anunciada por la magistrada Reinere Jaramillo, presidenta del tribunal, implica que el proceso permanecerá en pausa hasta que la Sección de Apelación del tribunal de paz se pronuncie.
Los hechos que se investigan están relacionados con el asesinato de cuatro campesinos en la vereda San Luis, en el municipio de Ituango, el 8 de diciembre de 2004. Según la investigación, las víctimas —Ricardo Antonio Úsuga Oquendo, Pacífico Antonio Sucerquia García, Roberto de Jesús Garcés Barrera y Arley Darío Rojas Graciano— fueron sacadas a la fuerza de una fiesta y ejecutadas horas después. Efectivos del Batallón Contraguerrilla 79, que en ese entonces estaba bajo el mando del coronel Guzmán, habrían participado en los hechos. El debate sobre este suceso es el que originó la controversia procesal: la defensa argumenta que su inclusión en la acusación vulnera el debido proceso, mientras que la Fiscalía sostiene que se trata de un único hecho entre diez, por lo que suspender todo el juicio resulta desproporcionado.
Un recurso que divide a las partes
En la segunda audiencia del juicio, realizada en Bogotá, la defensa, liderada por el abogado Diego Bernal, solicitó la suspensión del proceso hasta que se resuelva la apelación. El coronel (r) Guzmán, quien niega su responsabilidad en los hechos, cuenta con el respaldo de su equipo jurídico para sostener que primero debe definirse el alcance del recurso. Sin embargo, la fiscal encargada del caso manifestó su desacuerdo con la medida. “Desde el escrito de acusación y durante todas las etapas procesales, la Fiscalía definió con claridad los diez hechos jurídicamente relevantes. La defensa nunca presentó nulidades ni objeciones oportunas frente al marco fáctico. La controversia pendiente en apelación solo afecta uno de los diez hechos, por lo que suspender integralmente el juicio resulta desproporcionado”, señaló la representante del ente acusador.
Ante la solicitud de la defensa y la respuesta de la Fiscalía, la magistrada Reinere Jaramillo resolvió no reponer la decisión de suspender el juicio y, por el contrario, confirmó la determinación en toda y cada una de sus partes. La representación de las víctimas también intentó frenar la suspensión mediante un recurso de reposición, pero no tuvo éxito. Pese a la pausa, la JEP adelantó dos testimonios en audiencia reservada, los cuales fueron rendidos por testigos de las víctimas y serán tenidos en cuenta cuando el proceso se reanude.
“No repone y, por el contrario, confirma la decisión tomada en toda y cada una de sus partes”.
Reinere Jaramillo, magistrada presidenta del juicio
El coronel (r) Guzmán enfrenta acusaciones por las denominadas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, una práctica sistemática de asesinatos de civiles presentados como guerrilleros dados de baja en combate. La investigación lo vincula con hechos ocurridos en Dabeiba e Ituango, en Antioquia, donde otros comparecientes que aceptaron su responsabilidad estuvieron bajo su mando. El proceso acumula más de dos décadas desde que ocurrieron las muertes, y la JEP ha informado que el juicio adversarial transicional se reanudará una vez la Sección de Apelación se pronuncie sobre el recurso relacionado con el hecho del 9 de diciembre de 2004. Mientras tanto, la incertidumbre procesal mantiene en vilo a las víctimas y a la opinión pública, que espera justicia por crímenes que marcaron la historia reciente del país.
