El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha vinculado a Santiago Uribe Vélez como cabecilla y comandante del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, que operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990. Este informe, presentado por el director del GRAI, Juan Felipe Arboleda, durante una audiencia pública los días 6 y 7 de noviembre, detalla las operaciones paramilitares planificadas en la hacienda La Carolina, donde se determinaban los blancos para homicidios en municipios como Yarumal, Valdivia, Santa Rosa de Osos, Campamento, Briceño, San José de la Montaña, Donmatías, Angostura y Toledo. El documento se basa en expedientes de la Fiscalía, sentencias judiciales, informes de víctimas y estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, y señala que estas acciones formaban parte de una lucha contra la insurgencia y la delincuencia, financiada por la Asociación de Comerciantes de Yarumal y articulada con la Policía Nacional, incluyendo el uso de vehículos oficiales.
Entre 1992 y 1996, el grupo, inicialmente denominado ‘Autodefensas del Norte Lechero’, dejó un saldo de 525 homicidios, con 181 víctimas en Yarumal, 134 en Valdivia y 89 en Santa Rosa de Osos. La planificación se realizaba no solo en la hacienda La Carolina, sino también en la finca de Francisco Javier Piedrahita Sánchez, con la participación de figuras como el párroco y coordinador de inteligencia Gonzalo Palacios, así como miembros adicionales como Franklin Alexánder Téllez Arévalo, Horacio Javier Huertas, Álvaro Vásquez Arroyave, Jairo Rodríguez Venegas, José William Ospina Castro y Martha Ligia Arango. La Fiscalía ha acusado previamente a Uribe Vélez por la conformación de grupos paramilitares, en un juicio que culminó hace más de tres años, y una sentencia judicial está programada para el 13 de noviembre.
Implicaciones con autoridades y omisiones locales
El informe destaca la involucración de agentes de la Policía Nacional, como los comandantes Pedro Manuel Benavides Rivera y Juan Carlos Meneses Quintero, en las operaciones, que fueron desmanteladas seis años después de su creación. Además, se evidencia la omisión de la personera de Yarumal ante denuncias de víctimas, lo que agravó la impunidad en la región.
«En la hacienda La Carolina el comandante del distrito de la Policía, junto a Santiago Uribe Vélez y el párroco Gonzalo Palacios, concertaban las operaciones y determinaban los blancos»
Juan Felipe Arboleda, director del GRAI de la JEP
Esta revelación del GRAI reaviva el debate sobre la responsabilidad de figuras políticas y eclesiásticas en el conflicto armado colombiano, subrayando la necesidad de justicia transicional para las cientos de víctimas en el norte de Antioquia y abriendo nuevas líneas de investigación sobre la articulación entre paramilitares y fuerzas estatales durante los años noventa.
