En medio del debate por el Presupuesto General de la Nación para 2027, el representante a la Cámara Jorge Rodrigo Tovar Vélez propuso recortar 100.000 millones de pesos del presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y redirigir esos recursos hacia las víctimas del conflicto armado en zonas PDET y a la Unidad para las Víctimas. Tovar Vélez, quien ocupa una de las curules de paz en el Congreso y es hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, argumentó que el dinero de la paz no puede terminar en burocracia y que la JEP ha destinado más de 40.000 millones de pesos para pagar abogados de exintegrantes de las FARC, mientras las víctimas siguen esperando indemnizaciones.
La proposición de Tovar se suma a otra iniciativa similar del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien plantea recortar otros 100.000 millones de pesos a la JEP para trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura. En total, la JEP enfrentaría una reducción de 200.000 millones de pesos en su presupuesto, que inicialmente el Gobierno proyectó en 821.803 millones, muy por debajo de los 947.642 millones que el tribunal solicitó. La JEP, creada tras el acuerdo de paz con las FARC, cuenta con más de 1.400 funcionarios y 800 contratistas, pero en sus diez años de funcionamiento ha emitido apenas tres sentencias, según denunció Tovar.
El destino de los recursos propuesto por Tovar
De acuerdo con la propuesta del representante, 70.000 millones de los 100.000 recortados se destinarían a mejorar la habitabilidad y las condiciones de vida en zonas rurales de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), mientras que los 30.000 millones restantes irían a la Unidad para las Víctimas para acelerar las indemnizaciones. “Los recursos de la paz deben ser destinados a mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado, no para pagarle abogados a los ex FARC”, afirmó Tovar Vélez en declaraciones a los medios durante los debates en el Congreso.
“La JEP tiene más de 1.400 funcionarios, además 800 contratistas, y en diez años van tres sentencias. Eso yo creo que es muy claro para el país y especialmente para nosotros, para las víctimas del conflicto armado, que no necesitan todo ese recurso”.
Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante a la Cámara
El representante insistió en que la plata de la paz debe traducirse en inversiones como agua potable y beneficios directos para las víctimas, y no quedar atrapada en “mera burocracia”. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió una carta a la Corte Penal Internacional alertando sobre posibles afectaciones a la autonomía del tribunal ante estos recortes. Sin embargo, el presidente del Congreso, Abelardo de la Espriella, respaldó la propuesta de Gómez y cuestionó que Ramelli haya acudido a la CPI, argumentando que el debate presupuestal no constituye una amenaza a la independencia judicial.
El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado en primer debate por 634,9 billones de pesos, deberá ser discutido en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde estas proposiciones de recorte podrían ser incluidas o rechazadas. Tovar Vélez, quien representa a las víctimas del conflicto armado en su curul, dejó claro que su objetivo es que los recursos de la paz lleguen directamente a quienes más los necesitan, en lugar de engrosar una estructura judicial que, a su juicio, ha rendido pocos frutos en una década.
