El Consejo de Estado de Colombia anuló en 2017 el Decreto 2552 de 2015, que había establecido un aumento del 7% al salario mínimo para 2016, al considerar que carecía de una justificación técnica detallada. Ahora, el politólogo y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Josías Fiesco, ha presentado una demanda ante el mismo alto tribunal contra el decreto que fija un incremento del 23,7% para el salario mínimo de 2026, argumentando vicios de legalidad por la falta de motivación explícita en variables económicas clave como la inflación, la productividad laboral y el crecimiento del PIB.
La acción judicial, radicada recientemente en Bogotá, revive un debate nacional impulsado por figuras como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien ha cuestionado la medida del Gobierno actual. Expertos como la abogada Mirna Wilches, socia de Chapman Wilches, y Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario, han respaldado la necesidad de un análisis riguroso, recordando que la fijación del salario mínimo no es un arbitrio presidencial absoluto, sino que debe sustentarse en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que exige ponderar datos como la inflación del Dane de noviembre, la proyectada por el Banco de la República, la productividad laboral, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del PIB según el Dane.
Precedente clave del 2017 y variables insuficientes
En la sentencia de 2017, el Consejo de Estado enfatizó que los decretos de salario mínimo son actos administrativos demandables, y que el tribunal puede examinar las variables económicas subyacentes para verificar su motivación adecuada. En aquel caso, se detectó que no se ponderaron suficientemente la inflación, la productividad, el crecimiento económico y el poder adquisitivo, lo que llevó a la nulidad total del decreto sin retroactividad general, obligando a emitir uno nuevo. De prosperar la demanda de Fiesco, el efecto sería prospectivo, impulsando un nuevo decreto con mayor consenso en la mesa de concertación salarial, cuya ausencia también se critica en esta oportunidad.
“En beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno !! No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
“la fijación del salario mínimo no responde al arbitrio absoluto del presidente de la República, hay unas variables que se deben tener en cuenta al momento de definirlo”
Mirna Wilches, abogada socia de Chapman Wilches
“El Consejo de Estado no solamente señala que el decreto que fija un salario mínimo es como tal un acto administrativo que puede ser demandado, sino que además hace un análisis y considera que puede entrar incluso a mirar las variables económicas en las que se basó el gobierno para fijar el salario mínimo”
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor de la Universidad del Rosario
El Consejo de Estado no tiene competencia para fijar el salario mínimo, sino solo para validar el procedimiento y la motivación del Gobierno, lo que podría reactivar el diálogo tripartito y evitar impactos en el 90% de los colombianos que, según Restrepo, resultarían perjudicados por un aumento desproporcionado sin sustento técnico sólido.
