Una controversia nacional ha envuelto a Nariño luego de que Keiner Banguera Mancilla, un joven de 19 años e integrante del Consejo Comunitario del Río Tapaje, perdiera la vida durante un operativo militar conjunto del Ejército y la Armada Nacional el pasado viernes 2 de octubre de 2026 en el municipio de El Charco. La versión oficial, respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella, indica que el joven hizo parte de una embarcación que fue interceptada y en la que se hallaron 675 millones de pesos y dos proveedores de pistola; sin embargo, la familia y diversas organizaciones sociales sostienen que Banguera era un civil desarmado que recibió un disparo en una pierna y presentaba lesiones en el cuello al detener su bote tras una señal militar.
El comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel William Morales, argumentó que el operativo estaba dirigido contra estructuras armadas y que Banguera no detuvo la embarcación, disparando contra los uniformados, quienes actuaron dentro de la ley. La fuerza pública vincula al joven con el bloque occidental Jacobo Arenas, una disidencia de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, una afirmación que es tajantemente rechazada por sus allegados. El abogado de la familia, Alí Bantú Ashanti, ha puesto en duda la procedencia del dinero y los elementos incautados, y ha denunciado un posible manejo irregular del cuerpo y la alteración de la escena del crimen.
Reacciones y contradicciones
El expresidente Gustavo Petro se pronunció con dureza a través de su cuenta en X, afirmando que «Keiner no es un narcoterrorista» y que se trata de «un joven negro civil y desarmado ejecutado por sus hombres armados bajo su responsabilidad», en una clara referencia al presidente De la Espriella. Petro vinculó además el caso con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y advirtió sobre una posible intervención de la Corte Penal Internacional, elevando la tensión en un país donde los operativos militares contra disidencias en Nariño se han intensificado.
Testigos consultados por medios nacionales aseguran que Banguera era un civil y han cuestionado la proporcionalidad en el uso de la fuerza durante el procedimiento. La Defensoría del Pueblo, que acompaña a la familia y supervisa los protocolos en operativos, emitió un comunicado el 4 de octubre de 2026 en el que hace «un llamado a la Fuerza Pública a brindar plena colaboración a las autoridades judiciales, suministrar la información requerida y contribuir al esclarecimiento de los hechos con total transparencia».
«Keiner no es un narcoterrorista»
Gustavo Petro, Expresidente de Colombia
Mientras el presidente De la Espriella confirmó los resultados del operativo la noche del 2 de octubre, el abogado Alí Bantú Ashanti ha señalado que los allegados del joven desconocen el origen del dinero y los proveedores de munición presentados por las autoridades, lo que ha sembrado dudas sobre la transparencia de la versión oficial. La comunidad del Consejo Comunitario del Río Tapaje, junto con la Defensoría, ha solicitado a la Fiscalía que investigue a fondo las circunstancias de la muerte y verifique la procedencia de los elementos incautados, en medio de un clima de dolor y exigencia de justicia que promete mantenerse en el centro del debate público.
