La administración de justicia en las regiones golpeadas por el terremoto del 10 de agosto tendrá un salvavidas prolongado. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA26-12598 aprobado el 8 de octubre, prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2026 la declaratoria de urgencia manifiesta que permite contratar de manera expedita obras, bienes y servicios para reparar las sedes judiciales afectadas por el sismo de magnitud 7,4. La medida, que responde a la solicitud de las direcciones seccionales de Administración Judicial de Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Quibdó e Ibagué, busca “garantizar la seguridad de servidores judiciales y usuarios, así como la continuidad del servicio de justicia”, según el comunicado oficial de la corporación.
El terremoto, uno de los más graves en la historia reciente del occidente colombiano, dejó un saldo devastador de 335 personas fallecidas, más de 4.500 heridas y 103 desaparecidas. En el ámbito judicial, el impacto se tradujo en 110 sedes damnificadas: 21 con daños graves, 63 con afectaciones moderadas y 26 con daños leves. La situación más crítica se vive en Pereira, donde el Palacio de Justicia fue declarado inhabitable, lo que obligó a reubicar 83 despachos judiciales, secretarías y centros de servicios. En Quibdó, el Palacio de Justicia Adán Arriaga Andrade y varias sedes municipales también presentaron afectaciones considerables, mientras que en ciudades como Ibagué y Manizales los daños se concentraron en juzgados y oficinas administrativas.
Continuidad del servicio en medio de la emergencia
Ante la magnitud de los daños, el Consejo Superior de la Judicatura también prorrogó el trabajo en casa para los servidores de los despachos afectados hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante el Acuerdo PCSJA26-12601. Esta modalidad, que ya venía operando desde septiembre para los distritos judiciales de Quibdó y Pereira por problemas persistentes de infraestructura, conectividad y acceso, requerirá la autorización de los nominadores y el concepto favorable del consejo seccional respectivo. La mayoría de los despachos ya restableció el servicio presencial, aunque algunos funcionan en esquema híbrido, combinando trabajo remoto con atención presencial para no paralizar la actividad judicial.
Para asegurar la atención de los trámites más urgentes, se habilitaron despachos de apoyo itinerante en Arauca para asuntos provenientes de Quibdó, y en Barranquilla y Valledupar para casos de Pereira. Estos equipos volantes atienden tutelas, hábeas corpus, audiencias de control de garantías y demás trámites que no pueden esperar, mientras las sedes originales son reparadas o reubicadas de manera definitiva. Algunas de las sedes más afectadas fueron trasladadas temporalmente a otros inmuebles, en un esfuerzo coordinado entre las direcciones seccionales y los consejos seccionales de la Judicatura para mantener operativo el servicio de justicia.
«Será el instrumento para administrar con transparencia, rapidez y absoluto rigor los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura que perdieron miles de colombianos»
Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia
La reconstrucción de las zonas afectadas avanza en paralelo con la recuperación judicial. El Gobierno nacional puso en marcha el Fondo Milagro, con recursos iniciales por un billón de pesos, destinados a la reconstrucción de viviendas, colegios, hospitales, vías y acueductos en los territorios damnificados. Mientras tanto, el Consejo Superior de la Judicatura mantiene las medidas excepcionales para los distritos judiciales más golpeados, con la expectativa de que la prórroga de la urgencia manifiesta permita agilizar los contratos de reparación, adquirir los materiales necesarios y garantizar que, antes de diciembre de 2026, las sedes judiciales recuperen su plena operatividad y los ciudadanos vuelvan a contar con una justicia cercana, segura y eficiente.
