Cinco personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías por su presunta participación en una red que obtenía y distribuía explosivos destinados a la minería ilegal en el Eje Cafetero y Antioquia.
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Serían los encargados de traer explosivos y artefactos para garantizar su detonación desde países como Ecuador y Perú, o de conseguirlos mediante la desviación irregular que hacían empresas legalmente constituidas.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que harían parte de una red delictiva dedicada a la producción, tráfico y comercialización de explosivos para la extracción ilegal de minerales en los departamentos del Eje Cafetero y Antioquia.
La estructura identificada es señalada de obtener explosivos tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad en Ecuador, Venezuela y Perú; ingresar estos elementos de manera clandestina al país, transportarlos ocultos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas; almacenarlos en inmuebles de Marmato (Caldas), Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia (Antioquia); y distribuirlos a distintos entables mineros.
También se conoció que, en otras oportunidades, compraba barras de indugel que eran desviadas de empresas legalmente constituidas y autorizadas para utilizar este explosivo con fines industriales.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los cinco posibles implicados en estas actividades los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Cuatro de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Se trata del presunto cabecilla de la red, Elkin Giovanny Riascos Ortiz; sus socios, Dubán Alberto Velásquez Valencia y Diego Alejandro Cruz Osorio; y Luz Mery Valencia Bedoya, quien habría prestado sus cuentas bancarias para recibir dinero relacionado con el entramado ilegal. Entre tanto, uno de los señalados transportadores de los explosivos, John Wilderman Franco Herrera, continuará recluido en centro carcelario, donde permanece por otro proceso en su contra.
Las evidencias recaudadas indican que Riascos Ortiz y Velásquez Valencia también tendrían a su cargo una planta de beneficio y una mina en Marmato (Caldas), que no contaban con los permisos legales y ambientales para su funcionamiento.
