La Fiscalía General de la Nación judicializó a Queila Maryuri Orozco Trujillo, una empleada de una entidad bancaria en La Dorada, Caldas, por su rol como enlace clave en una red de extorsión que operaba desde la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana. La mujer fue imputada por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión ante una fiscal especializada de la Seccional Caldas, aunque no aceptó los cargos, por lo que se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia.
Orozco Trujillo accedía a datos sensibles de clientes de la entidad financiera donde laboraba, información que compartía con reclusos en la prisión para facilitar suplantaciones en trámites financieros y alertar sobre desembolsos inmediatos que derivaban en extorsiones. En particular, mantuvo más de 670 comunicaciones con el cabecilla de la red, quien se encuentra recluido en Doña Juana, evidenciando una operación sistemática que involucraba la suplantación de víctimas para solicitar créditos y exigir pagos inmediatos una vez aprobados los desembolsos.
El auge de las redes carcelarias en Colombia
Este caso se enmarca en una serie de investigaciones que han revelado la participación de civiles y funcionarios públicos en redes criminales dirigidas desde penitenciarios, un fenómeno en expansión en el país donde las extorsiones se han convertido en una práctica cotidiana. Las redes carcelarias movilizan hasta 2.000 millones de pesos al año, con registros de hasta 250 llamadas extorsivas diarias realizadas desde un solo teléfono móvil introducido ilegalmente en prisión, según evidencias recolectadas en operativos policiales que incluyen registros de llamadas, datos bancarios y testimonios de víctimas.
Los factores que facilitan estas operaciones incluyen el ingreso ilegal de teléfonos y tarjetas SIM, la complicidad de algunos funcionarios penitenciarios y fallas en los inhibidores de señal dentro de las cárceles, lo que permite la coordinación fluida de actividades delictivas. La sistematicidad de la red quedó demostrada por la evidencia recopilada, que expone cómo estos grupos aprovechan vulnerabilidades institucionales para perpetuar sus esquemas.
Las autoridades reiteran la importancia de denunciar estas actividades a través de la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional, instando a la ciudadanía a reportar cualquier intento de extorsión para desarticular estas peligrosas estructuras criminales que operan incluso desde detrás de las rejas.
