El Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, perteneciente a la Sección Segunda, emitió un auto fechado el 20 de octubre de 2026 mediante el cual abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó al constatar que el mandatario no presentó el informe solicitado sobre las gestiones realizadas para cumplir una sentencia de tutela que le ordena retractarse y ofrecer excusas públicas al exrepresentante de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, por haberlo calificado como «corrupto» y «bandido» tanto en la red social X como en una alocución presidencial.
El origen de este proceso se remonta a las declaraciones que Petro hizo el 6 de noviembre de 2024 y en otras fechas no especificadas, cuando afirmó que a través de la EPS Coosalud se extraían dineros de la Nación hacia paraísos fiscales, señalando directamente a González Montaño. En noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, falló una tutela interpuesta por González Montaño y ordenó a Petro retractarse y disculparse públicamente en los mismos formatos usados para las afirmaciones: la red social X y una alocución presidencial. El tribunal consideró que no existían pruebas que respaldaran los señalamientos y que estos afectaban los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el debido proceso del exrepresentante de Coosalud.
Contra lo ordenado, Petro dispuso de un plazo de cinco días contados a partir de la notificación del fallo de noviembre de 2025 para cumplir la retractación. Sin embargo, el Juzgado 24 Administrativo advirtió que el mandatario no presentó el informe sobre las gestiones realizadas y tampoco respondió a los requerimientos que le fueron formulados el 7 de mayo de 2026 y el 1 de julio de 2026, pese a estar debidamente notificado. Esta situación llevó al despacho a considerar que es necesario adelantar el trámite incidental para verificar la existencia de responsabilidad subjetiva en el incumplimiento, es decir, determinar si hubo negligencia, dolo o culpa por parte del presidente.
Apertura de incidente de desacato y posible arresto
La providencia del 20 de octubre de 2026 subraya que el incidente de desacato busca ante todo el cumplimiento efectivo de la orden judicial y la garantía de los derechos tutelados, y no exclusivamente la imposición de sanciones. No obstante, el abogado de González Montaño, Julián Quintana, ha sido contundente al manifestar que pedirá el arresto de Petro por incumplir la orden judicial. Quintana difundió el auto del juzgado a través de su cuenta en la red social X y afirmó que la justicia le da la razón a su representado, señalando que el presidente se niega a retractarse de sus mentiras.
«La justicia nos da la razón. Un juzgado administrativo señala que Gustavo Petro se niega a retractarse de sus mentiras contra el exrepresentante de Coosalud: no robó dinero de la salud ni lo envió a paraísos. El juzgado abrió otro incidente de desacato. Pediremos su arresto por incumplir la orden judicial».
Julián Quintana, abogado de Jaime Miguel González Montaño
El juzgado, en su auto, estableció que Petro será notificado personalmente y dispondrá de 48 horas para ejercer su defensa dentro del incidente. Durante este trámite se evaluará si ha existido una conducta deliberada de desacato. Las declaraciones originales del mandatario, en las que afirmaba que «se ha descubierto que se usaba la EPS Coosalud para extraer dineros de la Nación y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior», mencionaban desvíos por más de 200.000 millones de pesos, una cifra que el tribunal consideró no probada y que motivó la orden de retractación.
«Tal situación impone al despacho la necesidad de adelantar el trámite incidental, con el fin de verificar la existencia de responsabilidad subjetiva en el incumplimiento».
Providencia del Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá (20 de octubre de 2026)
La apertura de este nuevo incidente de desacato no implica automáticamente que Petro será sancionado, pero sí activa un mecanismo judicial que podría derivar en medidas coercitivas, incluido el arresto, para lograr que cumpla con la orden de disculparse públicamente. El caso continúa generando expectativa en el ámbito político y jurídico del país, pues enfrenta al presidente con una decisión judicial que busca proteger el buen nombre de un ciudadano señalado sin pruebas desde la más alta investidura del Estado.
