Un juez penal especializado de Bogotá dictó este viernes 23 de enero de 2026 una condena contra los cabecillas del ELN conocidos como “Pablo Beltrán”, “Antonio García” y “Gabino”, miembros del Comando Central o Coce y del Frente de Guerra Nororiental, por los delitos de rebelión, secuestro simple y secuestro extorsivo agravados. La sentencia se deriva de los secuestros ocurridos entre 2016 y 2017 en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde siete periodistas y dos trabajadores de medios fueron retenidos por orden de estos líderes guerrilleros.
El fallo se produjo al término de un juicio oral en el que se presentaron pruebas contundentes por parte del ente investigador, demostrando que las capturas fueron ordenadas con el propósito de controlar territorios estratégicos como El Tarra y otros municipios del Catatumbo, al tiempo que se buscaba restringir el ejercicio libre de la prensa en la zona. Los secuestros formaron parte de una serie de actos violentos e intimidatorios contra periodistas y sus equipos, en un contexto de disputas armadas entre el ELN y disidencias de las Farc por el dominio de áreas con cultivos de coca y producción de cocaína.
Investigación liderada por fiscales especializados
La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, quien recopiló evidencias que vinculan directamente a estos cabecillas con las órdenes de retención de profesionales de la información provenientes de Colombia y los Países Bajos. Estos nueve secuestrados fueron víctimas de una táctica para silenciar la cobertura periodística en una de las zonas más conflictivas del país, donde la presencia de grupos armados ilegales ha generado constantes amenazas a la libertad de expresión.
Esta condena representa un paso significativo en la lucha contra la impunidad en casos de violaciones a periodistas, aunque la noticia sigue en desarrollo a la espera de detalles adicionales sobre las penas específicas y posibles apelaciones. En La Veintitrés Manizales, seguiremos informando sobre los avances en este proceso judicial que busca garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en regiones de alto riesgo.
