El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, bajo la decisión del juez Juan Carlos Marmolejo, ordenó devolver el control administrativo de la EPS Coosalud a sus antiguos dueños, dejando sin efecto las resoluciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria que mantenían la intervención. El fallo de tutela, emitido en primera instancia, ordena al agente interventor Bayron Arrieta Jiménez entregar en un plazo de cinco días hábiles todo el material contable, financiero y administrativo a la Asamblea General de Delegados, el máximo órgano de administración de la entidad. Esta asamblea asumirá transitoriamente la dirección y deberá convocar a una sesión extraordinaria para designar los nuevos órganos de administración, revocando así las resoluciones del 17 de diciembre de 2024 y del 10 de marzo de 2026 que prorrogaban la toma de posesión forzosa.
La intervención de Coosalud fue ordenada el 22 de noviembre de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, entonces bajo la dirección de Giovanny Rubiano, quien declaró que la medida era “para administrar, más no para liquidar”. La EPS, que opera en 28 departamentos del país, entre ellos Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bolívar, cuenta con 3.354.872 afiliados: 3.021.701 en el régimen subsidiado y 333.171 en el contributivo, lo que representa el 6,30% del total de pacientes del sistema de salud colombiano. Al cierre de la administración anterior, la deuda del sistema de salud ascendía a 41,5 billones de pesos, contexto en el que Coosalud se mantenía como una de las siete EPS bajo medidas de intervención.
Designación paralela y tensiones jurídicas
Paralelamente a la decisión judicial, la Superintendencia Nacional de Salud ya había designado a Edgar Felipe Molina, médico cirujano, como nuevo interventor de Coosalud, en reemplazo de Aarol Lee Medina Ovalle, tras una recomendación del Comité de Medidas Especiales. La entidad señaló que los nuevos interventores “llegan con la instrucción de realizar un diagnóstico riguroso y expedito para establecer el plan de trabajo a seguir y promover las diferentes acciones de responsabilidad frente a las irregularidades o inconsistencias que lleguen a encontrar”. Los interventores designados por la Supersalud tienen un mes para presentar un plan de trabajo ante la entidad.
“Para administrar, más no para liquidar”
Giovanny Rubiano, ex superintendente nacional de salud
La decisión judicial y el nombramiento administrativo generan una situación paralela que deberá resolverse en cuanto a su aplicación y alcance, pues mientras el juzgado ordena la restitución del control a la Asamblea General de Delegados, la Supersalud mantiene su designación de un interventor. Este escenario deja a Coosalud en un limbo jurídico que podría derivar en nuevos recursos o acciones de tutela, mientras la EPS continúa atendiendo a más de tres millones de afiliados en el territorio colombiano.
