El juez 38 penal del municipio con función de control de garantías de Medellín avaló el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía para un exfuncionario vinculado a la Alcaldía de Daniel Quintero, en el marco de las investigaciones por irregularidades en contratos de Amva y Metroparques. Esta decisión, tomada el 14 de enero en Medellín, suspende de manera condicionada la acción penal a cambio de la colaboración del implicado, quien se compromete a entregar información veraz, documentos y registros para fortalecer el proceso judicial e identificar a funcionarios de mayor nivel y beneficiarios finales. La medida queda bajo vigilancia permanente, y cualquier incumplimiento reactivará las acciones penales.
La investigación abarca irregularidades en contratos interadministrativos durante la administración de Daniel Quintero, entre mayo de 2020 y octubre de 2022, período en el que él presidía la Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se cuestionan 14 convenios adicionales por cerca de 200.000 millones de pesos, además de 13 proyectos que requieren 83.000 millones adicionales para un costo total de 113.000 millones. Entre los contratos destacados figuran más de 17.000 millones en mantenimiento del Parque de las Aguas y 7.000 millones en una bodega, con posibles desvíos entre 3.000 y 6.000 millones en varios de ellos. El exfuncionario reconoce siete contratos cuestionados y enfrenta tres imputaciones relacionadas con Amva y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en medio de nueve procesos críticos que involucran la creación de 128 nuevos puestos, de los cuales 25 se asignaron sin concurso interno.
Delitos y alcance de la pesquisa
Los delitos bajo escrutinio incluyen celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en su celebración, peculado a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Los implicados comprenden exdirectivos y exfuncionarios de Amva y Metroparques, así como representantes legales de empresas contratistas. El impacto ha sido significativo, con riesgos para la estabilidad financiera y operativa de Amva, obras públicas inconclusas y fallas en la gestión documental y tecnológica, como el formateo de computadores y más de 1.000 trámites vencidos. Auditorías han detectado conflictos de interés, eliminación de cargos clave y una polémica reforma administrativa.
La actual directora de Amva, Paula Palacio, lidera la entidad en medio de estas turbulencias, mientras las investigaciones contra los demás implicados prosiguen. La próxima audiencia de acusación está programada para el 23 de febrero a las 8:30 de la mañana, en un caso que pone en jaque la gestión de recursos públicos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
