Un juez federal en Estados Unidos emitió una orden que sacude los cimientos de la campaña presidencial colombiana al exigir a la Fiscalía que entregue a la defensa toda la documentación relacionada con la relación laboral y de informante entre el exnarcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias «Boliche», y el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La orden, conocida el pasado 12 de junio, obliga a revelar informes sobre pagos, desembolsos y el vínculo de Boliche con agencias federales como la DEA, el FBI y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI). La defensa de Boliche, liderada por la abogada Silvia Piñera Vásquez, solicitó estos documentos para usarlos ante el jurado, mientras que el acusado se niega a firmar un acuerdo de culpabilidad. Las audiencias están programadas para la última semana de julio, y la fecha del juicio se definirá a mediados de agosto.
Alias Boliche, quien según la Fiscalía trabajó como informante de Estados Unidos durante 25 años, enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, en un caso que involucra a seis exnarcotraficantes que podrían testificar en su contra. La acusación detalla que Boliche estafó a estos capos prometiéndoles sentencias leves a cambio de someterse a la justicia, pero los resultados no eran los esperados. «Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido», señaló la Fiscalía de Estados Unidos. Los clientes de Boliche provenían de Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, y las penas mínimas en sus casos alcanzaban los 10 años, con máximas de cadena perpetua.
El vínculo con Abelardo de la Espriella
La orden judicial podría exponer detalles clave de la relación laboral entre Boliche y De la Espriella, quien estableció su firma De la Espriella Lawyers Enterprise en Miami en 2018. Según fuentes del caso, Boliche trabajó como asistente legal del candidato presidencial, desempeñando funciones personales y facilitando contactos de clientes, por lo que recibía comisiones. Aunque De la Espriella niega conocer movimientos irregulares, la documentación solicitada incluye reportes de pagos y desembolsos que podrían esclarecer el alcance de su colaboración. El académico Bruce Bagley figura como intermediario en el manejo de fondos, mientras que el presunto cómplice identificado como «Coconspirador 1» sería el abogado colombiano Daniel Peñarredonda, cercano colaborador y socio de De la Espriella.
«Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido»
Fiscalía de Estados Unidos
El caso, que se originó con una denuncia judicial en septiembre de 2020, cobra relevancia ahora porque la documentación podría influir directamente en el juicio y afectar la candidatura de De la Espriella en la contienda presidencial colombiana. Boliche, quien también participó en operaciones de blanqueo y asesoría jurídica a Alex Saab, señalado operador del régimen de Nicolás Maduro, según reveló un pódcast el 19 de mayo de 2026, enfrenta un proceso que promete revelar conexiones profundas entre el narcotráfico, la justicia estadounidense y la política colombiana. La defensa de Boliche confía en que los informes ordenados por el juez serán clave para convencer al jurado, mientras que la Fiscalía mantiene su postura de que el exnarcotraficante actuó de manera fraudulenta. La audiencia de mediados de agosto definirá el rumbo de un caso que mantiene en vilo a ambos países.
