La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia a Pablo Felipe Prada Moriones, conocido con los alias Black Jack o La Firma y presunto cabecilla de una red de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo, por el blanqueo de más de 178 mil millones de pesos provenientes del tráfico internacional de cocaína enviada a Europa. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en cárcel, tras la imputación de cargos realizada por el fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, con el apoyo de la Delegada para las Finanzas Criminales, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio.
Las actividades ilícitas se desarrollaron entre 2020 y 2025 en territorio colombiano, donde Prada Moriones habría ocultado los recursos mediante inversiones en los sectores inmobiliario y tecnológico, el uso de criptoactivos, billeteras virtuales y mensajería encriptada. Entre los delitos imputados se encuentran el concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico. El investigado participó en la captación, transformación y movilización de dinero, así como en la coordinación de cargamentos y logística, presentando un incremento patrimonial no justificado de 776 millones 7 mil 715 pesos. Prada Moriones no aceptó los cargos durante la audiencia.
Incremento patrimonial y evidencias clave
La investigación, liderada contra las finanzas del Clan del Golfo como parte de las acciones contra las finanzas criminales, reveló sofisticadas estructuras que utilizaban plataformas digitales y mecanismos legales para ocultar los fondos. En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía expuso elementos materiales probatorios como sistemas de mensajería encriptada y el análisis del incremento patrimonial, destacando que para las fechas de las adquisiciones el investigado no contaba con la liquidez suficiente para justificar los montos transferidos, considerándolos activos de procedencia ilícita derivados del tráfico transnacional de estupefacientes.
«Por consiguiente, para las fechas de las adquisiciones presentó un incremento patrimonial no justificado, toda vez que no contaba con la liquidez suficiente que soporte dichos montos transferidos, por lo cual se considera que son activos de procedencia ilícita que se derivaron de presuntas actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes que desarrolló al interior del grupo delictivo ya mencionado».
Fiscalía General de la Nación, en la audiencia de imputación de cargos
Este caso forma parte de una ofensiva más amplia contra las redes financieras del crimen organizado, con evidencias recolectadas en investigaciones conjuntas de unidades especializadas que demuestran la complejidad de las operaciones para legitimar ganancias del narcotráfico. La judicialización representa un golpe significativo a las estructuras económicas del Clan del Golfo, reafirmando el compromiso de las autoridades en desmantelar sus capacidades financieras.
«En conclusión, el señor Pablo Felipe Prada Moriones presentó un incremento patrimonial no justificado por valor de setecientos setenta y seis millones, siete mil setecientos quince pesos para los periodos antes referidos. Estas presuntas conductas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares se vinculan y tienen como sustento el delito fuente del tráfico de estupefacientes de carácter transnacional, como se procede a exponer».
Fiscalía General de la Nación, en la audiencia
