Un juez de control de garantías ordenó la liberación inmediata de tres altos funcionarios capturados hace dos semanas por presuntas irregularidades en un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de helicópteros Mi-17. Los liberados son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, responsable del programa de mantenimiento de estos helicópteros en la Brigada 32 de Aviación; Hugo Mora Tamayo, de la dirección de contratación estatal en el Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección, Capacidades e Innovación del mismo ministerio. La decisión se tomó tras una audiencia de aproximadamente tres horas y media, en la que el juez respaldó los argumentos de la defensa sobre la ausencia de amenaza social o riesgo de comisión de nuevos delitos.
La excarcelación ocurre en el marco de una investigación por manipulación de un contrato suscrito con la empresa Vertol Systems Company, pese a que esta no cumplía con los requisitos técnicos, económicos y legales exigidos. Inicialmente, a mediados de diciembre, un juez avaló la detención de los implicados por cargos como tráfico de influencias, falsedad en documento público, peculado por apropiación, prevaricato por acción u omisión, manipulación de documentos y omisión de requisitos en la contratación. Según las acusaciones, el coronel Rincón Ricaurte se extralimitó al interferir en el proceso administrativo, reduciendo la documentación de solvencia financiera requerida y concediendo prórrogas injustificadas, lo que permitió la adjudicación directa del contrato a pesar de las anomalías detectadas.
Acusaciones de la Fiscalía y solicitud de Interpol
La Fiscalía ha insistido en las irregularidades cometidas para beneficiar a Vertol Systems Company, y en ese contexto solicitó una circular roja de Interpol contra Carlos Martín Uribe, de MI Series Personnel & Parts, y James Lester Montgomerie, director ejecutivo de Vertol. La liberación de los funcionarios genera controversia, ya que contrasta con la gravedad de las imputaciones iniciales relacionadas con el manejo del contrato en el Ministerio de Defensa y la Brigada de Aviación No. 32.
“El coronel se extralimitó al interferir en el proceso administrativo, alterando la contratación directa y afectando los principios de transparencia”
José Ignacio Arias, fiscal
Este caso pone en entredicho los mecanismos de control en la contratación estatal para el mantenimiento de equipos militares clave como los helicópteros Mi-17, y deja abierta la posibilidad de que la investigación continúe contra otros involucrados mientras se resuelven las apelaciones de la Fiscalía ante esta inesperada excarcelación.
