En una decisión de segunda instancia, una juez dejó en libertad a Solanyi Trujillo Devia, mientras que mantuvo la medida de aseguramiento preventiva para Juan Sebastián Ávila Ochoa, Camilo Sotelo, Katherine Sotelo y Yeimi Vega, todos procesados por el asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional. La resolución judicial revocó la detención intramural de Trujillo Devia, quien quedó vinculada al expediente pero en libertad, y confirmó la privación de libertad para los otros cuatro imputados por los delitos de homicidio y obstrucción a la justicia.
El homicidio de Juan Felipe Rincón ocurrió en noviembre de 2025 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá. El caso partió de una aparente pelea callejera en la que Camilo Sotelo fue señalado como el presunto autor material, aunque el arma que portaba era traumática e inoperable. Sin embargo, la Fiscalía cambió la hipótesis del caso hacia un posible entrampamiento mediante perfiles falsos en redes sociales, cuyo objetivo habría sido robar el celular de la víctima. La defensa de los imputados considera que los delitos imputados son desproporcionados frente a los hechos reales.
Las pruebas que pesan en la balanza
La juez de segunda instancia basó su decisión en la falta de solidez probatoria contra Solanyi Trujillo Devia, señalando que la juez anterior sobrevaloró el material presentado por la Fiscalía y dio por sentados argumentos sin el respaldo legal exigido. En contraste, para los otros cuatro procesados se mantuvo la medida preventiva por el riesgo de obstrucción a la justicia, especialmente por el presunto soborno a una menor de edad testigo y el ocultamiento del celular de la víctima. Guillermo Ortiz, abogado de Trujillo Devia y también representante de los demás imputados, afirmó:
“La juez de segunda instancia realizó un examen con precisión de lo exhibido por la Fiscalía y los errores en que incurrió la juez al momento de tomar la decisión de enviar a mi clienta a detención intramural, sobrevalorando el material y dando por sentado argumentos sin la solidez probatoria exigida por la ley”.
Guillermo Ortiz, abogado de Solanyi Trujillo Devia y de los imputados
Ortiz también calificó de exageración la tipificación de algunos delitos:
“Consideramos que fue una exageración. No todas las conductas se consolidan jurídicamente. Por ejemplo, tipificar esto como tortura resulta excesivo”.
Guillermo Ortiz, abogado de los imputados
La investigación también ha estado marcada por inconsistencias en las pruebas. Investigadores privados contratados por la familia Rincón hallaron en la escena seis vainillas, una de ellas marca L84 que no corresponde al arma del escolta Sergio Rico Rueda, lo que sugiere la presencia de una segunda arma de fuego. Asimismo, vecinos y cámaras de seguridad registraron ocho disparos, mientras que el arma del escolta disponía de solo seis cartuchos. Por otro lado, la Fiscalía presentó como evidencia una camiseta con un orificio de bala, pero informes forenses indicaron que Juan Felipe Rincón no la vestía en el momento del ataque, generando dudas sobre la cadena de custodia. A pesar de estas controversias, Trujillo Devia deberá continuar vinculada al proceso, aunque en libertad, mientras sus otros cuatro compañeros permanecen privados de la libertad a la espera de nuevas decisiones judiciales.
