Un juez de control de garantías ordenó la excarcelación de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, debido al vencimiento de términos en el proceso judicial por presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ortiz, quien había estado detenida desde diciembre de 2024 en la Escuela de Carabineros de la Policía, acumuló 329 días sin que se iniciara la fase de juicio, superando en 89 días el límite legal establecido para este tipo de procedimientos. La decisión se dio tras recursos presentados por su defensa, que argumentaron el exceso en los plazos procesales.
La liberación de Sandra Ortiz se enmarca en la investigación por el escándalo de corrupción en la Ungrd, donde se le señalaba como intermediaria en el traslado de sobornos por 3.000 millones de pesos a congresistas, según testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Estos señalamientos surgieron en el contexto de una detención inicial en diciembre de 2024, pero el fallo judicial por vencimiento de términos permite ahora su libertad mientras continúa el proceso.
Las declaraciones de la exconsejera
En medio del caso, Sandra Ortiz ha negado rotundamente cualquier participación en los hechos, insistiendo en que su rol no incluía la ordenación de gastos ni asesorías relacionadas con la Ungrd. La exfuncionaria ha revelado presiones durante la investigación, lo que ha generado debate sobre el manejo del proceso.
“Me dijeron: ‘Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó”
Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones
“Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo que tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver”
Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones
Este fallo judicial representa un revés para la Fiscalía en el caso de la Ungrd y abre interrogantes sobre la celeridad de los procesos por corrupción en el país. La excarcelación de Ortiz subraya las consecuencias del vencimiento de términos, un mecanismo legal diseñado para proteger los derechos de los procesados. Crédito: Colprensa.
